El Gobierno central ofrece una moratoria de tres años a los ayuntamientos vinculados a las desaladoras de Orpesa y Moncofa respecto al pago de los costes de la construcción de ambas plantas. Para los municipios de Orpesa, Benicàssim, Cabanes, Moncofa y Xilxes, esta propuesta es insuficiente. A instancias de los mismos, la diputación, con el acuerdo de todos los grupos políticos con representación, aprobará una declaración institucional que insta al Ejecutivo central a asumir esta inversión.
La Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) informa al grupo de Compromís en el Senado que ha propuesto a los ayuntamientos «suspender temporalmente la recuperación de la inversión durante un periodo de tres años de duración», y que abonen mientras tanto solo los costes operativos. En este tiempo, Acuamed afirma que se buscarán «nuevos usuarios de la instalación que contribuyan al pago de la amortización realizada compartiendo esta carga con los actuales».
Acuamed descarta de momento la petición de la diputación y ayuntamientos, que reivindican al Gobierno que asuma la carga de las obras al igual que ha hecho, señalan, en Catalunya.
Los convenios de las desaladoras que ahora se renegocian fueron suscritos en 2006, en plena etapa del «boom» inmobiliario. El Gobierno central impulsó estas actuaciones en sustitución del trasvase del Ebro a fin de garantizar el suministro en los nuevos proyectos urbanísticos. Pero llegó la crisis y la oferta residencial no se ejecutó, quedándose desfasadas las previsiones de las desaladoras. Según los acuerdos de 2006, los ayuntamientos ligados a las plantas han de devolver la inversión en un plazo de 25 años, es decir, a través de la factura del agua. A la desaladora de Orpesa están suscritos los municipios de Benicàssim, Orpesa y Cabanes y su construcción supuso 55 millones, mientras la de Moncofa abarca a esta localidad y Xilxes y costó 51 millones. De esta forma, los ayuntamientos de dichas poblaciones han de abonar más de 100 millones en 25 años.
La alcaldesa de la localidad benicense, Susana Marqués, subraya que Acuamed ha dado algunos pasos en los últimos meses, con la moratoria y la rebaja en la estimación del consumo, pero insiste en que «el grueso de la cuestión sigue sin resolverse». Marqués resalta que sumando actuaciones complementarias el importe de la planta de Orpesa asciende a los 73 millones.
Acuamed tiene hasta el 31 de marzo de 2019 para poner en marcha las dos dotaciones, en caso contrario tendrá que devolver los 35 millones que aportó la Unión Europea. «El Gobierno indemnizó con 1.300 millones por el cierre de Castor y ha rescatado autopistas; pues debe hacer lo mismo en Castelló», asevera Marqués, que también reclama que solo se pague el agua que necesite la población. Asimismo, según la alcaldesa, Benicàssim tiene pendiente la construcción de un depósito para poder recibir los recurso hídricos.
«Es evidente que el convenio es imposible de materializarse, ni en Moncofa ni en Xilxes. El Gobierno central debe ser valiente y plantearse la modificación», afirmó el alcalde de Moncofa, Wences Alós, en el pleno municipal de julio en el que corporación acordó por unanimidad solicitar a Acuamed que se haga cargo de la amortización de la desaladora.
Esta dotación costó 51 millones, de los que Moncofa debe de asumir 26 y Xilxes 11. En 2006, la sociedad estatal barajó un consumo de 5,5 millones de metros cúbicos anuales en esta localidad cuando en la actualidad apenas llega al millón.
Ley de Sequía
La firma de nuevos socios se antoja complicada. Los agricultores han mostrado su rechazo a las desaladoras por el alto precio del agua. En este caso, la nueva Ley de Sequía puede ayudar a reactivar estas actuaciones ya que fija una tarifa máxima de 0,3 euros por metro cúbico.
El senador castellonense de Compromís, Jordi Navarrete, denunció en un comunicado el «penoso panorama que se vislumbra en el futuro de las desaladoras de la Plana». A su juico, «van a ser los municipios quienes peor lo van a pasar de no cambiar la hoja de ruta que parece querer seguir el Gobierno: comenzar a recaudar y buscar nuevos usuarios. El parlamentario responsabiliza al PP y a PSOE, ya «que cuando han estado en el Gobierno no se han implicado en revertir una situación injusta para los municipios.
