Las presuntas irregularidades en la gestión de las Fiestas en la época 2008-2016, detectadas por la comisión de investigación del ayuntamiento, no cuentan con la documentación adecuada para que se conviertan en indicios de delito penal, por lo que no cabe trasladar el expediente a la Fiscalía para que lo estudie. Es la conclusión del dictamen elaborado por José Luis González Cussac, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, a quien se solicitó que realizase un informe para marcar el camino que debía adoptar el ayuntamiento. Y el camino final no es otro que seguir investigando y auditando las cuentas, o asumir que no hay documentación para llevarlo al fiscal.

El dictamen del catedrático, entregado ayer a todos los grupos políticos, es claro. Desde el punto de vista jurídico, los hechos relatados por la comisión «no alcanzan la condición de indicios». Todo lo más, «explicitan posibles irregularidades que, quizás, pudieran constituir sospechas de comportamientos ilícitos» pero, no obstante, «muy lejos todavía de ser suficientes para emitir una evaluación fundada».

Para González Cussac, «la generalidad, insuficiencia e imprecisión de los datos contenidos en las conclusiones de la comisión no permanente de investigación no permiten, por el momento, una estimación fiable de hipotéticas responsabilidades penales», por lo que «cualquier juicio emitido ahora resulta, en mi opinión, prematuro».

Por esta razón, el catedrático de Derecho Penal subraya que, siempre que se considere oportuno, «la recomendación sería profundizar en la recolecta de información y en la pertinente auditoría de toda la documentación obrante, incluida la contable».

Y es que, pese a que González Cussac afirma que «solo es pertinente constatar una clara sucesión de irregularidades» y que «todavía es prematura una valoración penal», sí que considera que, «en caso de una investigación más rigurosa, profunda, extensa y acreditada quizás sería posible alcanzar una calificación de indicios procesales susceptibles de abrir una investigación criminal por los órganos competentes».

Queda ahora por determinar qué pasos dará el equipo de gobierno una vez se dispone de este informe jurídico. En su día los tres partidos del Pacte del Grau -PSPV-Compromís y Castelló en Moviment- consideraron que había indicios de irregularidades en la gestión de las fiestas bajo el mandato del PP. CseM, que fue el partido que dio el mayor impulso a esta comisión de investigación, considero que en ella quedó constatado «el uso fraudulento que se ha hecho de las arcas públicas con una trama tejida a lo largo de décadas», marcado por «la carencia de control público sobre las cuentas de la Fundación de Fiestas».