Un hombre de 48 años, Ricardo C. G., asesinó ayer de madrugada con un hacha a sus dos hijas de 3 y 6 años en el domicilio de Castelló que había compartido con su mujer hasta mediados del año 2017. El padre de las menores asesinó a las pequeñas meses después de ser denunciado por amenazas por la madre de las víctimas, a la que la jueza de Violencia sobre la Mujer de Castelló denegó la orden de protección para alejar a Ricardo de ella y de las niñas.
El parricida, que se mató lanzándose al vacío desde la ventana trasera del domicilio y falleció en el acto, estaba en trámites de divorcio de su mujer, la madre de las menores, y acumulaba dos procesos en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Castelló aunque ambos fueron finamente archivados. El segundo, en contra del criterio de la Fiscalía y de la madre de las pequeñas.
Los hechos fueron descubiertos cuando un hombre se encontró sobre las 5.30 horas de la madrugada el cadáver de una persona en el suelo del pasaje de la calle Peri, un callejón anexo entre un bloque de viviendas y un supermercado en el barrio Estepar, en la zona suroeste de la capital de la Plana. El testigo llamó al 091 y acudieron al lugar de los hechos tanto servicios sanitarios como de emergencias y de la Policía Local y Nacional de Castelló.
Tras realizar las gestiones para asegurar con quién vivía la persona hallada en el suelo, los agentes se personaron en la vivienda y descubrieron los cadáveres de sus dos hijas menores, de tres y seis años respectivamente, con heridas letales en el cuello.
Los progenitores de las dos asesinadas estaban separados desde mediados de 2017 y la sentencia del Juzgado de Familia en el que se fijaba el régimen de visitas se emitió el 14 de febrero. En ese momento llegó la primera denuncia por malos tratos a partir de un parte médico enviado al juzgado por un facultativo que atendió a la mujer.
El proceso abierto por la jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Castelló -el único en toda la provincia- acabó archivado. Horas más tarde, la mujer formalizó una denuncia por sí misma, pero la jueza no creyó la versión de la denunciante y no dictó las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, argumentando, entre otras cosas, que el ahora doble parricida «no tenía antecedentes penales». La jueza cuestionó, además, tanto las amenazas denunciadas como el hecho de que la madre de las menores se reubicara en una vivienda en el mismo entorno social y escolar que el anterior domicilio familiar, que había cedido a su exmarido y en el que cometió el crimen de este martes. Y ello a pesar de que la jueza debía conocer que el juez de Familia había dividido la custodia por medias semanas, por lo que la cercanía facilitaba a los padres, ambos españoles, el cumplimiento del régimen fijado judicialmente.
La madre de las dos niñas asesinadas ayer por su padre en Castelló recurrió el auto en el que se le denegaba protección, aunque finalmente la denegación del alejamiento se hizo firme al desistir.
Los servicios sanitarios desplazados al lugar del crimen, una ambulancia de Servicio Vital Básico y otra de Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), trasladaron a la madre de las menores, de 42 años, y a la abuela, de 75 años, a un centro hospitalario para recibir atención psicológica, según confirmó ayer el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
El barrio en el que ocurrió el suceso está compuesto por bloques de viviendas de seis alturas construidos en los últimos 20 años y con hasta tres colegios en su distribución. Se trata de un barrio multirracial y multiétnico habitado mayoritariamente por parejas jóvenes con hijos y que ha acogido a gran parte de la expansión poblacional de la capital de la Plana de los últimos años.
«Una bofetada» para otros casos
La vicealcaldesa de Castelló y concejala de Igualdad, Ali Brancal, afirmó ayer que en el ayuntamiento «no constan» denuncias por malos tratos ni se realizó ninguna intervención desde los Servicios Sociales previas al parricidio de las dos niñas de 3 y 6 años.
Según Brancal, el doble asesinato cometido presuntamente a manos del padre supone una «bofetada» para «aquellas mujeres que están en un proceso de denunciar o seguir adelante con una separación».
