La Ciudad de la Justicia presta servicio desde 2006 sin licencia de actividad

Inaugurado el 18 de abril de 2006 por Francisco Camps y Alberto Fabra, entonces presidente de la Generalitat Valenciana y alcalde de la ciudad, respectivamente (ambos del PP), la actuación supuso una inversión de 24.661.393 euros. La Unión Temporal de Empresas (UTE) ACS-Secopsa alargó la ejecución del proyecto hasta los tres años desde la adjudicación en 2003.

La Ciudad de la Justicia representó un hito histórico para Castelló. Tras años de reivindicación y quejas por parte del mundo judicial y de la abogacía, por fin la capital de la Plana disponía de una instalación más acorde a las necesidades sociales, ya que los juzgados de la plaza Borrull se habían quedado completamente obsoletos.

Sin embargo, la entrega de la obra a la conselleria de Justicia nunca estuvo acompañada de la pertinente licencia para la apertura de actividad, como desveló ayer la portavoz de la Junta de Gobierno Local, Verònica Ruiz. Aunque evitó hablar abiertamente de «dejadez», en referencia a la gestión de los ejecutivos anteriores del Partido Popular, reconoció que la concesión de la autorización ahora, 12 años después, resulta un tanto «extraño y raro».

Más allá de la obligación de cualquier particular o empresa de tener la documentación al día para abrir un establecimiento, Ruiz advirtió que «soy de la opinión que la administración publica debe dar ejemplo al resto de la ciudadanía. Es estrictamente necesario que todo espacio, ya sea de carácter local, autonómico o estatal, cuente con todos los documentos en regla. No debería ocurrir lo que ha sucedido con la Ciudad de la Justicia».

Cuando el bipartito, con su socio de gobierno, Castelló en Moviment, asumió el ayuntamiento en mayo de 2015, descubrió que el edificio carecía de la licencia de actividad. «Se pusieron en contacto con nosotros para que aportáramos la documentación y realizar las correcciones necesarias», explicaron desde la conselleria de Justicia. «Según nos comentan, es normal que una vez solucionado todo se tarden hasta dos años en aprobar la autorización», añadieron las mismas fuentes.

Ciñéndose siempre al expediente de los técnicos municipales, Ruiz aclaró que un año después de la inauguración, en 2007, «se solicitó la licencia de apertura pero en ese momento se vio que había que hacer importantes subsanaciones. Así se informó por parte de los ingenieros. En 2014 se volvió a indicar que había deficiencias y se denegó nuevamente la licencia».

Los defectos en el inmueble no eran simples reparaciones, como sustituir una luz de emergencia averiada. Los problemas afectaban verdaderamente al correcto funcionamiento de la instalación. Por ejemplo, «los furgones de la Guardia Civil o la Policía Local, cuando transportaban a los presos, no podían acceder por la rampa. Tenían que entrar con los internos por la puerta principal como cualquier persona que acudía a realizar una gestión administrativa», subrayó Ruiz.

«Estas cosas suelen ocurrir cuando licitas una obra y ejecutas otra», precisó la portavoz de la Junta de Gobierno Local. Por ello, «las variaciones dificultan dar las licencias. Cuando subsanas, suele pasar un tiempo, porque la administración es lenta, y entonces ha cambiado la ley que, al ser más dura, te obliga a modificar más cosas», prosiguió.

«No sé si hubo desidia de los gobernantes o que la administración es farragosa, pero es verdad que estas cosas no deberían ocurrir», insistió Ruiz, quien se mostró muy tajante a propósito del cumplimiento de la legalidad. «Cuando se aprecian errores en cualquier negocio, se deben subsanar, más que por una cuestión legal, por seguridad, ya que si estás ejerciendo una actividad y se produce un accidente hay una responsabilidad penal grave», concluyó.