Todos los casos de violencia de género son un fracaso de la sociedad en su conjunto, pero cuando la víctima denuncia y pone su vida en manos de la Justicia como hizo en noviembre la mujer asesinada en Elda mientras recogía a su hijo del colegio o la madre de Castelló que pidió sin éxito proteger a sus dos hijas pequeñas, puede afirmarse sin poner paños calientes que el sistema judicial ha fracasado. Así, lo admitió ayer la titular de Justicia, Gabriela Bravo, al ser preguntada sobre el caso del parricidio de Castelló durante un desayuno informativo para dar a conocer el informe para la revisión de los protocolos de actuación institucional en materia de valoración de riesgos en caso de violencia de género. El trabajo, que se solicitó hace meses a raíz del asesinato de Elda, cobra especial relieve tras el parricidio de Castelló.

Una de las conclusiones principales del documento es que una de las herramientas al alcance de los juzgados para valorar el riesgo de la víctima (los informes que realizan los médicos forenses) está infrautilizada hasta el punto de que en 2017 no se utilizó ni una sola vez. Así, durante ese año, ningún juez ni jueza de la provincia de Castelló pidió dicho informe para evaluar el riesgo de la mujer. Cabe señalar que la provincia carece de esta unidad de protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género, que sí hay en València y Alicante, pero, según fuentes de la Conselleria de Justicia, existe «de facto» y la valoración se puede pedir a un forense del Instituto de Medicina Legal.

En el mismo documento elaborado por la Conselleria de Justicia se añade que «uno de los motivos de la escasa utilización puede encontrarse en que no se considera necesario porque pueden entender que es suficiente con la valoración de riesgo que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado». No obstante, según la memoria de la Fiscalía General del Estado «su utilización podría haber sido de gran utilidad», se añade en el documento.

Es por ello que, potenciar estas unidades de valoración es una de las medidas planteadas en el informe y asumidas por la consellera Bravo. La conselleria anunció más medios, pero también un cambio en el método de trabajo, de tal manera que un forense «en cuanto sea requerido» por el órgano judicial deberá presentarse «de forma inmediata». Así, harán guardias de 24 horas.

El grupo de trabajo, constituido por personal especializado del mundo de la fiscalía, la judicatura y policial, hace un diagnóstico de la situación y trata de discernir por qué estos informes de valoración de riesgo (complementarios a los que elabora la policía cuando recoge la denuncia, el conocido como test VioGén) no se utilizan: Ningún informe solicitado en 2017 y solo 19 en València en lo que va de año.

Los expertos concluyen que los operadores jurídicos (magistratura, fiscalía, abogacía) consideran que es suficiente con la valoración policial a pesar de que «su función es la valoración de la peligrosidad del agresor y no de valoración de la vulnerabilidad de la víctima». La falta de recursos suficientes y la descoordinación es otra de las razones apuntadas en el informe, de ahí que para que «la falta de medios no sea la excusa», Bravo anunció la potenciación de estas unidades que tienen su estructura en València y Alicante, pero todavía no en Castelló. En esta provincia, según la consellera, no se creó porque el Instituto de Medicina Legal no lo solicitó.

Bravo avanzó que incluirá en los presupuestos de 2019 una partida para mejorar la estructura con las ceración de unidades de valoración comarcal. También quiere crear la figura del criminólogo para detectar la peligrosidad del denunciado. El grupo de trabajo ha hallado otras grietas, como deficiencias en el Código Penal y déficits en la aplicación del estatuto de la víctima. Aunque les garantiza ser asistidas dede el primer momento, en la práctica incluso a veces no se llama a los letrados.