03 de octubre de 2018
03.10.2018
Laboratorio de Ideas

La UJI también es «Uni-digna»

La universidad de Castelló apoya el manifiesto en contra del endurecimiento «hasta el absurdo» impuesto por la ANECA

03.10.2018 | 10:07

La Universitat Jaume I (UJI) de Castelló se une al manifiesto de la plataforma «Uni-Digna» para reivindicar un sistema de evaluación y acreditación del profesorado universitario «comprensivo, razonable y justo». A raíz de los casos de los másteres y tesis realizados por dirigentes políticos y que han sido cuestionados, bien por las dudas en la manera en la que se obtuvieron, o bien por supuestos plagios, las universidades han podido verse desacreditadas.

Además, a ello se suma la lucha incansable de trabajar por un sistema universitario honesto, lejos de los objetivos económicos y que valore de forma más justa la producción científica del profesorado universitario. Para ello, profesorado de universidades de todo el Estado han constituido un colectivo denominado «Uni-Digna» para «reivindicar otro modelo de Universidad posible», y al que se ha unido la universidad pública de Castelló.

Tal como explican en el manifiesto, la asociación pretende ser un referente en la defensa de las buenas prácticas «frente a la conversión de las universidades en empresas expendedoras de másteres a precios escandalosos con el fin de hacer caja, y poder así afrontar los recortes en la financiación pública que sufren; frente a la presión para que el profesorado privatice, comercialice y haga negocio de los hallazgos de sus investigaciones a través de spin off y patentes, para aumentar los ingresos de las universidades; frente a la exigencia de que publique a peso en revistas y eso haga escalar a sus universidades en los rankings de demanda de los clientes potenciales; frente a la devaluación de la docencia y la enseñanza universitaria, que cada vez es menos valorada ante la investigación; frente a la precarización de buena parte del profesorado que cobra sueldos de miseria y se le despide en verano para no pagar las vacaciones».

Frente a este modelo, «que está suponiendo convertir la universidad pública en un negocio», miembros de universidades de toda España, entre ellas la Jaume I, se han unido para reclamar universidades «al servicio del bien común y comprometidas socialmente».

El primer frente que quieren abordar es el endurecimiento «hasta el absurdo», dicen, que la ANECA ha impuesto respecto a los criterios de entrada y desarrollo de la carrera profesional del profesorado universitario. «La mayoría de los últimos premios Nobel no cumple esos requisitos», aseguran.

Desde la asociación se explica que estos criterios «no conceden relevancia alguna a la docencia, que pasa a ser considerada más bien casi como un castigo. Y lo que se valora es una investigación que no suele tener en cuenta la utilidad social, a pesar de estar pagada con fondos públicos».

De hecho, añaden, «el sistema español de ciencia y tecnología ha redefinido el valor científico de las publicaciones del profesorado universitario e investigador en las revistas a través de indicadores de calidad, ofrecidos únicamente por dos empresas multinacionales privadas extranjeras: Clarivate y Elsevier, que recibe 25 millones de euros de fondos públicos para permitir el acceso a sus publicaciones, que, paradójicamente reciben gratis del sistema público de investigación».

Según explican, «este control hegemónico determina la producción de la comunidad investigadora: se penaliza el uso del español (o cualquier otra lengua diferente del inglés), se limita la publicación de libros, se fragmentan las investigaciones, se reduce el tiempo dedicado a la investigación, se crean lobbies orientados a maximizar los resultados, se devalúa la escritura académica, etcétera». «Investigar se asimila a publicar, imponiendo una cultura del impacto y de la citación como único mecanismo de promoción profesional», apostillan.

Nuevo sistema de evaluación

Por eso, «Uni-Digna» ha lanzado un manifiesto en que proponen «la creación de un nuevo sistema de evaluación del profesorado que tenga en cuenta la docencia y que valore la producción investigadora con criterios de utilidad social al servicio del bien común». «Un sistema que se apoye en modelos de ciencia y conocimiento abiertos u Open Science, en los que se dé prioridad a la evaluación de publicaciones electrónicas de acceso abierto, en consonancia con el mandato europeo Horizonte 2020».

Para avanzar en esta dirección consideran «imprescindible» y «como primer paso urgente» que el nuevo gobierno derogue «de forma inmediata» del decreto que regula la acreditación del profesorado universitario y de toda la legislación del periodo Wert «lesiva» para la universidad pública.

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