14 de octubre de 2018
14.10.2018

La fiscalía archiva las denuncias contra la gestión del PP de Calvo en Segorbe

El exalcalde segorbino argumenta que la decisión acredita que «siempre se trabajó con honradez, eficacia y rigor»

13.10.2018 | 21:39
Rafael Calvo, arropado por sus compañeros de partido, en la rueda de prensa.

El que fuera durante veinte años alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, así como parte de su equipo de gobierno quiso ayer dejar claro que durante su etapa al frente del ayuntamiento de la capital palantina desde el gobierno se trabajó con «honradez, eficacia y rigor, como finalmente se está demostrando», después de que la Fiscalía haya archivado las denuncias presentadas por el actual equipo de gobierno acerca de su gestión y el urbanismo llevado a cabo en los años de gobierno popular.

Las declaraciones vienen dadas tras el cierre de la investigación de la Fiscalía de Castelló de dos asuntos puestos en sus manos en marzo por el actual ayuntamiento, al estudiar los resultados de dos auditorías, donde se encontraban supuestas irregularidades en las ampliaciones del contrato de suministro de agua potable con la empresa Facsa y el gasto de 1.388.058 euros invertidos en la firma de un convenio con Iberdrola para conectar la subestación eléctrica de la pedanía de Villatorcas con Segorbe.

Las auditorías, realizadas por Axioma consulting y Marzars Auditores SLP en 2016 y 2017 tenían como objetivo fiscalizar los procedimientos de contratación de importe superior a 15.000 euros desarrollados por el PP del 1 de enero de 2010 al 15 de junio de 2015 por un lado, así como la realización de un análisis de la gestión urbanística a fecha de 31 de diciembre de 2015.

El exalcalde resaltó que la Fiscalía, en ningún caso, ha encontrado ni posibles delitos penales, ni administrativos, «aunque ellos quieran dejar entrever que habrían administrativos» y lamentó que en nuevo gobierno no deje de mirar atrás intentando, «bajo el odio y el rencor, manchar la imagen de los representantes que, durante 20 años trabajaron con eficacia y honradez por los intereses de la ciudad».

Calvo destacó la plena confianza y labor de los técnicos municipales que trabajaron con ellos en los dos temas investigados realizando los informes pertinentes por los que se tomaron las decisiones y afeó que la consultoría fuera hecha por una empresa afín al PSPV como es Axioma. «Uno reflexiona y ve que cuando nos hicimos cargo del mandato nos encontramos un ayuntamiento gobernado por el PSPV con una situación económica muy grave y una deuda encubierta de 111 millones de pesetas en facturas en un cajón que no se habían pagado. Ahora nos acusaban de prevaricación y malversación de fondos sin pruebas y nosotros teniéndolas, no lo hicimos», matizó.

El exalcalde quiso resaltar que «todos los acuerdos tomados fueron avalados por informes de los técnicos y la intervención y el actual equipo de gobierno, no solo no se ha fiado de los políticos, sino que tampoco de los técnicos municipales», que aún trabajan allí.

En el caso de Iberdrola Calvo apuntó que «lo que se contrató por parte del ayuntamiento fue potencia de luz, en ningún caso una obra, ya que fue Iberdrola la que a través de la constructora que contrató ella para soterrar la línea, se encargó de pedir los permisos pertinentes». Esto, apuntó, «demostraría que la acusación es incierta, ya que el ayuntamiento habría contratado solo la potencia, no ejecutado una obra» y resaltó que, además, «hay dos convenios y una ordenanza aprobadas por unanimidad que lo ratifican».

En lo referente a Facsa, el exedil explicó que tras valorar las clausulas del contrato y estudiarlas y haber solicitado la ampliación de caudal que finalmente fue concedido por la CHJ, el secretario emitió un informe en el que apuntaba que se debía incrementar el canon, por lo que, en junta de gobierno, se prorrogó el contrato e incrementó el mismo. Un hecho, puntualizó Calvo, que además «fue remitido a la Sindicatura y al Tribunal de Cuentas y ninguno lo impugnó, ni la oposición realizó ninguna crítica pública o mostró intención de judicializarlo».

Desde el PP quisieron mostrar su apoyo incondicional a los técnicos que durante estos años han emitido informes y adelantaron que estudiarán pedir un pleno extraordinario para que desde el equipo de gobierno devuelvan los cerca de 40.000 euros que ha supuesto el coste de estas dos auditorías «dadas a amigos» y que para otros menesteres afirman no tener dinero.

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