La alcaldesa de Torreblanca, Josefa Tena del PSPV, declaró ayer como investigada ante el juzgado de Instrucción 5 de Castelló después de que la cooperativa de viviendas Doñana presentara una querella contra su persona por la tramitación de una cédula de garantía urbanística para la parcela en la que pretenden levantar un bloque de apartamentos en la promoción Prados III.
Tena, acusada de prevaricación, defendió la no tramitación de esta cédula ya que los cooperativistas no acreditaron la propiedad única de la manzana al tener también el consistorio parte de la misma, según pudo saber Levante de Castelló.
Los responsables de la cooperativa de viviendas Doñana, que incluye a 29 cooperativistas que quieren construir un bloque de apartamentos en la promoción Prados III en el litoral de Torrenostra, solicitaron una cédula de garantía urbanística para su proyecto. Respaldada por informes de los técnicos municipales, Josefa Tena contestó en su momento que dicha tramitación «no era correcta». El consistorio defendió que los cooperativistas pidieron una cédula de garantía urbanística para una manzana sin tener en cuenta que la titularidad de la misma es compartida, como acredita una sentencia de 1985.
Según una sentencia judicial de 1985, de los 2.200 metros cuadrados de la manzana, 526 son propiedad municipal. Según el consistorio, los cooperativistas no han acreditado la titularidad única del terreno. Por ello, el Ayuntamiento de Torreblanca consideró que dicha tramitación no era procedente.
La contestación a los solicitantes fue remitida con la firma de la alcaldesa, de ahí que los responsables de la cooperativa presentaran una querella contra ella. Este fue el motivo por el que Josefa Tena acudió ayer a los tribunales. Hoy será el turno del secretario municipal, contra quien también se querellaron y que tendrá que declarar.
Más procesos en marcha
El consistorio defiende que la titularidad de la parcela es compartida. Así se acreditó en una sentencia de 1985 y así se ratificó en una sesión plenaria de junio de este año, en la que la corporación aprobó el deslinde y apeo de la parcela. Los cooperativistas consideran que los 526 m2 son sobrantes, mientras que el consistorio defiende que, aunque no se trata de una parcela mínima edificable, no se puede calificar de sobrante al poder realizarse allí servicios públicos como aparcamientos o zonas ajardinadas.
La tramitación de la cédula de garantía urbanísticas es uno de los diversos asuntos que enfrente a la cooperativa con el ejecutivo encabezado por Josefa Tena. Uno de los principales enfrentamientos partió de la negativa municipal a tramitar el estudio de detalle para reorganizar la volumetría de la parcela, cuyo objetivo ere aumentar de seis a diez las alturas en una futura construcción. El consistorio aseguró que aceptar esta reorganización de la volumetría era aceptar el deslinde de Costas, al cual siempre se han opuesto. Además, tienen en marcha otros contenciosos por diversos temas contra el gobierno local.
