El Grupo Municipal Popular ha presentado una declaración institucional al próximo pleno municipal para que la Generalitat Valenciana garantice la competencia para legislar sobre el derecho civil. El objetivo de la iniciativa plenaria es que uno de los puntos clave de la Ley Orgánica 1/2006 de la Reforma del Estatut d'Autonomia se active y, «de este modo, igualarnos al resto de pueblos de tradición foral, acabando con esta injusticia», afirma la concejala popular y senadora Salomé Pradas.

Salomé Pradas recuerda que Les Corts Valencianes aprobaron la Ley 10/2007, de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial; la Ley 5/2001, de 1 de abril, de Relaciones Familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven (conocida como la Ley de Valenciana de Custodia Compartida); y la Ley 5/2012, de 15 de octubre, de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunitat Valenciana.

«Estas leyes -comenta Pradas-- fueron objeto de recurso de institucionalidad por parte del Gobierno de España. Frente a estas acciones legales, la Associació de Juristes Valencians impulsó en junio de 2015 un manifiesto que exigía la retirada de estos recursos y defendía el derecho civil valenciano, documento que presentó en 173 municipios, entre entidades y asociaciones, para pedir su respaldo.

Más de 155 ayuntamientos, que representan a 3.800.000 valencianos, se han sumado vía mociones y declaraciones institucionales a esta petición.