La reforma del pabellón polideportivo Pablo Herrera del Grau ha entrado en un callejón sin salida. La propiedad, la Diputación de Castelló, rechaza asumir el coste de la obra, presupuestado en 300.000 euros. Y, el ayuntamiento, gestor de la dotación en régimen de cesión desde 1986, señala que no puede autorizar el proyecto precisamente porque el inmueble no es suyo. La titularidad de la dotación tampoco está resuelta jurídicamente, a expensas de solucionar aspectos relacionados con los lindes del solar, extremo que impide a la institución provincial formalizar el traspaso de la propiedad al consistorio.
Ayer, en el pleno de la corporación provincial, el gobierno, en manos del PP, hizo valer su mayoría absoluta para frenar una iniciativa de Castelló en Moviment (CseM) para que la institución asuma el coste de la reforma. El diputado provincial de CseM, Iñaki Vallejo, y con él el resto de grupos de la oposición, salvo Ciudadanos, proponía financiar la reforma con la partida que en teoría hubiera correspondido al ayuntamiento de la capital de la Plana de la segunda fase del Plan 135, que precisamente asciende a la cifra de 300.000 euros. El consistorio castellonense se quedó sin la ayuda porque no presentó proyecto en el plazo oficial.
Iñaki Vallejo indicó que el estado del pabellón «es impracticable». «Y un mes después de que el ayuntamiento aprobará un proyecto de reforma por 300.000 euros seguimos sin solución, dijo.
El portavoz del grupo de Compromís, Xavi Trenco, coincidió con Vallejo y planteó que la obra se financie a través de la segunda fase del Plan 135.
El portavoz del Grupo Socialista en la diputación y concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Castelló, Antonio Lorenzo, recordó que la diputación cedió la instalación al ayuntamiento hace más de 30, y que en 2010 el consistorio ya asumió una reforma por 400.000 euros, «y ahora no puede asumir otra por 300.000 euros en una instalación que no es de su propiedad. O la diputación cede la propiedad o asume la inversión a través de la 2ª fase del Plan 135», dijo.
El diputado de Deportes, Luis Martínez, declinó esa vía «porque sería un trato de favor al Ayuntamiento de Castelló». Y aseguró que la diputación está dispuesta a la cesión en propiedad al Ayuntamiento en cuanto se resuelva su inscripción en el catastro.
El presidente de la diputación, Javier Moliner, fue más allá y tildó el debate de «estrambótico»: «sería abrir la puerta a que cualquier asociación que se queda fuera de plazo de una convocatoria pueda pedir que se le haga el mismo trato de favor que ustedes piden». «El hecho de que un inmueble no sea titularidad de una administración no le impide actuar sobre el mismo», añadió Moliner.
