El equipo de gobierno de Castelló no contempla más calendario que el año 2019 para aprobar de forma definitiva su nuevo Plan General, por mucho que para la oposición surjan dudas razonables por la siempre lenta tramitación de este denso documento. A esta preocupación que PP y Ciudadanos mostraron ayer en pleno no ayuda, por ejemplo, que el ayuntamiento haya ampliado hasta abril de 2021 la vigencia de las normas urbanísticas transitorias de urgencia que aplica, por necesidad, tras tumbar el Tribunal Supremo el Plan General que ideó el PP.
Pero, al respecto, el concejal de Ordenación del Territorio, el socialista Rafa Simó, intentó explicar que «el hecho de que las normas estén en vigor hasta 2021 no quiere decir que sea en esas fechas cuando se apruebe el Plan general, que queremos que esté en 2019». De momento siguen adelante, de forma paralela, tanto la resolución de las alegaciones al primer documento, el Plan Estructural, como la exposición al público del segundo, el Plan de Ordenación Pormenorizada (POP), que acabará el 8 de noviembre.
El debate surgió en el despacho extraordinario, con una moción de Ciudadanos que planteaba suspender la actual información pública del POP a la espera de tener resueltas las alegaciones del Plan Estructural, algo que calificó de «barbaridad» Simó y que llevó al portavoz de Ciudadanos, Vicente Vidal, a perder los nervios.
En la sesión ordinaria, cargada de puntos de mero trámite, el principal debate vino con la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales que entrarán en vigor el 1 de enero de 2019, como el IBI, el IAE, el Impuesto de Vehículos, la plusvalía y la tasa de derechos de examen, que baja un 40%. El concejal delegado de Gestión Municipal, Antonio Lorenzo, defendió que esta propuesta «consolida la apuesta por una fiscalidad más justa y progresiva que garantice la sostenibilidad financiera del ayuntamiento para permitir el impulso a las políticas sociales del Pacte del Grau». Esto se ha traducido, según Lorenzo, en una rebaja de los valores catastrales del Ministerio de Hacienda a raíz de la petición del Gobierno municipal de revisar los coeficientes. Esta revisión «ha permitido frenar el incremento de valores catastrales que soportaban los vecinos desde 2012». Así, aseguró que en 2018 la rebaja fue de 9,1 % y en el 2019 será de 9,3 %. Un inmueble tipo con un valor catastral de 100.000 euros en 2016 pasará de pagar una cuota de 787 euros a una de 583,9 euros en 2019, según ejemplificó el edil. Además, según el edil, las políticas de reducción aplicadas por el Gobierno municipal han permitido que Castelló, dentro de la clasificación tributaria de los municipios españoles en presión fiscal, haya pasado en el apartado del IBI del puesto 26 ( de un total de 52 capitales) en 2012 al 38 en 2017.
Pero el Partido Popular, que recrimina al equipo de gobierno que acabe todos los años con unos remanentes en torno a los 13 millones de euros «por la baja ejecución de sus presupuestos», dispone de otros informes. En este caso, según expuso el popular Carlos Feliu, el del Consejo General de Economistas, que apunta a Castelló como el segundo ayuntamiento de España que más recaudó -en 2017- con el IBI por habitante, «unos 420 euros por vecino, frente a los 290 de Valencia y los 261 de Alicante». Por ello, el PP insistió en exigir al gobierno local que aplique una «rebaja fiscal de 7 millones» motivada, principalmente, por los remanentes de 13,2 millones de euros en 2017.
Plan de Inversiones
Por otro lado, en despacho extraordinario, los tres partidos del Acord del Grau -PSPV, Compromís y Castelló en Moviment- sacaron adelante la moción que impulsó la formación asamblearia para elaborar un Plan de Inversiones Municipales Básicas, con la meta de detallarlas, priorizarlas, presupuestarlas y marcar un calendario, incluyendo todas aquellas que vienen reclamando durante años los diferentes barrios y distritos «y que son derechos básicos para la ciudadanía», como alcantarillado, iluminación, pavimento, zonas verdes, mantenimiento o movilidad», según expuso la edil de CseM Anna Peñalver. Para el PP y Cs, que votaron en contra, esta moción esconde lo que consideran un «fracaso» del plan Decidim de presupuestos participativos, la «gran engañifa» del actual gobierno local. según el edil del PP Vicent Sales.
