El comité de expertos constituido por la Conselleria de Justicia para cumplir la Ley de la Memoria Histórica en la Comunitat Valenciana insiste en retirar la Cruz de los Caídos del parque Ribalta de Castelló al considerar que representa un lugar de culto del franquismo.

Este foro, a través de la catedrática de la Universitat Jaume I, Rosa Monlleó, ya emitió en junio de 2017 un informe que califica de símbolo franquista el monumento. Monlleó discrepa con el grupo municipal socialista, que diverge con su socio de gobierno de Compromís en esta cuestión y esgrime que todavía no se puede retirar la Cruz de Ribalta porque no se ha probado de forma «fehaciente» que siga siendo actualmente un símbolo del antiguo régimen como le insta a demostrar un dictamen del director general de Reformas Democráticas del Consell.

Monlleó sostiene que la Cruz sigue recibiendo hoy en día flores y velas de nostálgicos en fechas cercanas a la muerte de Franco. Asegura que el argumento de más peso que justifica su retiro es que se construyó después de la Guerra Civil para glorificar a los vencedores y emulando la arquitectura del Valle de los Caídos. «No es un símbolo de paz, es de guerra», insiste.

La profesora de la UJI reitera que la simbología franquista en la Cruz persiste y avala las tesis de Compromís y Castelló en Moviment, que creen suficiente probada la significación actual de la estructura de Ribalta y piden acelerar su adiós.

Monlleó recuerda al PSOE que el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó, gobernado por la socialista Tania Baños, demolió su Cruz y en la misma, indica, concurrían las mismas condiciones que en Castelló; es decir, fue levantada en la dictadura para rendir tributo al bando vencedor de la Guerra Civil y con la llegada de la democracia se retiraron sus referencias franquistas.

El grupo socialista es partidario de la retirada de la Cruz, y de hecho esta propuesta forma parte del acuerdo del Pacte del Grau, pero ha frenado sus planes iniciales como consecuencia de un dictamen que el gobierno local solicitó a la comisión de la memoria histórica de la Conselleria de Justicia para asegurarse el buen cumplimiento de la legislación.

El escrito, firmado por el director general de Reformas Democráticas, José García Añón, es ambiguo y genera confusión, ya que por un lado admite que el foro de expertos que la propia comisión de su conselleria designó ha concluido que la Cruz «sigue siendo un signo de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura por ser un punto de concentración» en este sentido en «fechas concretas», pero por otra parte, considera insuficiente el citado análisis al invitar al consistorio a constatar «fehacientemente que perviven manifestaciones y concentraciones de exaltación del régimen franquista» para proceder a la retirada de la Cruz.

Fuentes socialistas apuntan que otro trabajo del grupo de Recerca de la Memoria Histórica de Castelló señala que el último homenaje a la dictadura se realizó en 1982 y teme que la justicia anule la retirada de la Cruz.

Al respecto, la catedrática de la UJI rebate que aunque el monumento no acoge dichos actos continúa recibiendo ofrendas de partidarios de Franco en torno al 20 de noviembre, día del fallecimiento del dictador, lo que a su juicio es otra demostración de lo que representa la Cruz. Francesc Durà, integrante de Recerca, dio a conocer ayer en las redes sociales fotografías de 2016 con velas de homenaje depositadas en la Cruz.

El informe que elaboró Monlleó hace un año, como integrante del foro de expertos de la Conselleria de Justicia, determina que a pesar de cambiarse en 1979 su lema de «Caídos por Dios y por España» por otro más genérico de «Victimas de la Violencia» la Cruz de Ribalta representa un ensalzamiento del franquismo porque se ejecutó en 1944 con la única finalidad de loar a los ganadores de la Guerra Civil. No obstante, esta propuesta rechaza la destrucción de la Cruz y aboga por trasladarla al cementerio de San José.