La Secretaria General del Pleno del Ayuntamiento de Castelló ha emitido un informe jurídico en el que concluye que la vicealcaldesa, Alí Brancal, de Compromís, está inmersa en un proceso judicial en calidad de investigada [antes imputada] por un supuesto delito de malversación. El dictamen jurídico, emitido a raíz de una solicitud del Grupo Municipal Popular, deja en manos de la Comisión de Gobierno Abierto y Participativo la aplicación de las medidas correspondientes en aplicación del Código del buen gobierno del consistorio. El documento, recoge en su anexo primero, que el concejal imputado por corrupción política deberá ser apartado de toda representación que ostente en cualquier órgano colegiado de gobierno o administración del ayuntamiento.
Ali Brancal y Enric Nomdedéu, secretario autonómico de Empleo, declararon el pasado 11 de julio en calidad de investigados, ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital de La Plana, por presunta malversación y falsedad vinculadas al supuesto envío de propaganda electoral para los comicios europeos de 2014 a través del servicio municipal de correos del Ayuntamiento. La investigación judicial tiene su origen en una querella impulsada por el portavoz adjunto del Grupo Municipal del PP, Juan José Pérez Macián. El proceso judicial sigue abierto. En su declaración, Brancal y Nomdedéu ratificaron ante el juez que los envíos objeto de la investigación solo contenían el boletín municipal del Grupo Compromís y, en ningún caso, propaganda electoral del partido, como sostiene el PP, en base al contenido de un sobre que ha remitido como prueba al juzgado instructor.
El Grupo Popular presentó el pasado 8 de octubre la solicitud de un informe a la Secretaria General del Pleno relativo a si se daban las circunstancia establecidas en el Código de buen gobierno para la aplicación de las medidas preventivas recogidas en el mismo a la vicealcaldesa Ali Brancal.
La funcionaria emitió el dictamen el pasado 31 de octubre. En sus conclusiones, el informe de la secretaria general del pleno recoge que «aparece como investigada Alicia Brancal Mas, vicealcaldesa de este Ayuntamiento, en el momento a que refieren los escritos aportados por este grupo municipal [El PP]. Por ello esta consideración se emite sin perjuicio de las situaciones que hayan podido ocurrir con posterioridad en el procedimiento judicial».
La funcionara señala que «corresponde a la Comisión de Gobierno Abierto y Participación», oída la vicealcaldesa, «informar sobre la aplicación de las medidas que corresponden y en ese sentido la propuesta de acuerdo al pleno por ser materia que afecta al estatuto de los miembros de esta corporación municipal».
Tras el informe, el portavoz adjunto del Grupo Popular, Juan José Pérez Macián, ha recordado que «el Código de buen gobierno establece que en el supuesto que un miembro de la Corporación Municipal pueda verse imputado en un presunto delito de corrupción política habrá de ser apartado de toda representación».
Macián ha señalado que «la vicealcaldesa sobrevive en una situación esperpéntica y a la deriva de su propia incoherencia, pues tras suscribir el Código de buen gobierno que le obliga a cesar en todas sus delegaciones como consecuencia de estar siendo investigada judicialmente por un presunto delito de malversación de caudales públicos».
La Comisión de Gobierno Abierto y Participativo está presidida por la propia Ali Brancal. Este periódico intentó ayer conocer sin éxito la opinión de Brancal sobre el dictamen de la secretaria del Ayuntamiento.
El PSPV, que gobierna el Ayuntamiento con el respaldo de los ediles de Compromís, no se ha pronunciado oficialmente sobre el dictamen de la secretaria a la espera de oír los argumentos de Ali Brancal en la Comisión de Gobierno Abierto y Participativo.
