La Conselleria de Medio Ambiente indicó ayer que sus competencias se concretan en «autorizar las solicitudes que los ayuntamientos remiten de tratamiento contra los mosquitos en los humedales de sus respectivos municipios». La administración valenciana revertía de esta manera las peticiones inquiridas desde la sede provincial del PP en Castelló, en la que representantes del partido en localidades de la Plana Baixa hicieron un llamamiento a la Generalitat para que se haga cargo de un problema que «no entiende de límites ni términos municipales», según apuntaron.
Los representantes del PP reconocieron que la queja explicitada ayer «la hacemos aquí, en la sede el PP, porque es un tema político», como indicó el diputado provincial y concejal de Nules, Mario García, ante una problemática que ha superado a los propios ayuntamientos y que «ha venido para quedarse», como también reconocieron.
De esta manera, tras tamizar las reivindicaciones entre la labor de oposición y la queja fundamentada, el PP asume en público que las soluciones aéreas no son más efectivas que los tratamientos terrestres, como ha reconocido en diversas ocasiones el propio García, responsable del Servicio Provincial de Plagas de la Diputación de Castelló y ahora comparten la mayoría de munícipes, excepto el alcalde de la Llosa. Ximo Llopis lamentó ayer mismo que «la conselleria no permita los tratamientos aéreos que aliviarían la presencia de los mosquitos cada vez que se producen lluvias intensas».
En el plano de las demandas, Mario García verbalizó que, efectivamente, «tenemos un problema, y los esfuerzos de los ayuntamientos son importantes, pero pedimos que la Conselleria de Medio Ambiente se implique, porque que es quien tiene los medios, como por ejemplo, la encomienda de gestión de Tragsa, o las competencias para entrar en zonas rústicas, caminos y demás».
Así mismo, García solicitó ayudas económicas para no saturar a los municipios y criticó que, a su juicio, los 400.000 euros dedicados por la Generalitat para toda la Comunitat Valenciana para combatir los mosquitos a través de la Federación de Municipios y provincias «son escasos».
García recordó además que la diputación carece de competencias para acometer estos tratamientos, a pesar de haber creado en 2015 el citado Servicio Provincial de Plagas con la intención de implicar a la Generalitat.
En el mismo plano, Wenceslao Alós, alcalde de Moncofa, informó que han solicitado una reunión con el presidente de la Generalitat para tratar la problemática y propuso que los municipios asuman «la lucha contra esta plaga dentro de los núcleos urbanos y la Generalitat, en el campo».
En cuanto a las posibles soluciones, desde el PP conminaron a la administración valenciana a que el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) asuma el tratamiento de esta plaga de mosquitos de marjal, un extremo que descartó de plano la conselleria. El IVIA declara la situación de plaga cuando la presencia de insectos u otros seres vivos dañan a y los cultivos, «circunstancia que no se está produciendo con los mosquitos en determinados municipios de Castelló en la actualidad», según indicaron.
En este sentido, apuntan que el órgano competente para declarar la situación de plaga cuando se ven afectadas las personas es Sanidad Vegetal, «quien está colaborando ya con la Conselleria de Sanidad en la técnica del insecto estéril (TIE) para tratar de controlar biológicamente la población de mosquito tigre».
