La vicealcaldesa de Castelló, Ali Brancal, se asoma estos días a un futuro político que camina por el alambre, con parte de la oposición -PP y Ciudadanos- alentando su cese, sus compañeros del Acord del Grau -Castelló en Moviment- reconociendo su «delicada» situación y su socio de gobierno -el PSPV a la espera de acontecimientos. En el horizonte sale una fecha, el 29 de noviembre, día en el que, según las fuentes consultadas, se celebrará un pleno ordinario en el que se llevaría a debate la petición a la alcaldesa, la socialista Amparo Marco, para que destituya a
Nada nuevo aquí hasta que el pasado martes la secretaria del ayuntamiento, a petición del Partido Popular, dio a conocer un informe jurídico donde, entre otras cuestiones, confirma que la vicealcaldesa tiene condición de «investigada» -lo que era estar «imputado» hasta el cambio de término en 2015 por la Ley de Enjuiciamiento Criminal- y, como tal, estaría incumpliendo el Código de Buen Gobierno aprobado por el ayuntamiento en 2015 al tratarse de casos vinculados a la corrupción política, como son presunta malversación y falsedad, obligándole por ello a dimitir.
La secretaria del consistorio, que no se moja sobre si Ali Brancal debe ser cesada, sí que recoge que la vicealcaldesa debería dar explicaciones ante la Comisión Permanente de Pleno de Gobierno Abierto y Participación, prevista para el 22 de noviembre. Este órgano está compuesto por siete personas: dos del PSPV y un representante, respectivamente, de Compromís, Castelló en Moviment, Partido Popular y Ciudadanos. Curiosamente, este ente está presidido por la propia Ali Brancal, por lo que se entendería que cediese su puesto ese día al estar implicada personalmente en el debate.
La comisión, según las fuentes consultadas, entrará a debatir la anunciada petición de cese por parte del Partido Popular para elevar un dictamen final para el pleno del 29 de noviembre. En cualquier caso, aunque los grupos puedan aquí expresarse y votar, solo se trata de decidir que el dictamen sobre el futuro de la vicealcaldesa vaya al pleno con informe negativo, o en su caso positivo, porque será en la sesión plenaria donde se fragüe la batalla y la votación definitiva que marcará el futuro de Ali Brancal.
Desde Compromís, según el comunicado remitido el martes, se va al juego de palabras al insistir en que la vicealcaldesa no está imputada sino investigada, insistiendo, eso sí, en que «en ningún caso está encausada a través de la imputación formal por parte de un juez o fiscal». Además, acusan al PP de «alterar» el informe de la secretaria y «tergiversarlo». Además, recuerdan que Macián aportó a la causa unos sobres que el edil popular retuvo durante cuatro años, por lo que «no hay ninguna garantía de que las pruebas aportadas sean verdaderas o hayan podido ser creadas, alteradas o modificadas por el propio querellante».
Desde CseM, su portavoz, Xavi del Señor, se mostraba ayer prudente, sin querer avanzar su postura definitiva, aunque sí reconociendo la «situación delicada» de la vicealcaldesa. Para Del señor, el proceso judicial aún debe avanzar, incidiendo también en que «aquí se han aportado pruebas que no sabemos si son de fiar; el PP debería explicar por qué no denunció antes este posible fraude electoral».
