10 de noviembre de 2018
10.11.2018

El 'compromís' de Ali Brancal

10.11.2018 | 00:25

Ali Brancal 'dimitió' ya hace casi cuatro años, cuando capitaneó, firmó e impulsó, junto a su compañero Enric Nomdedéu y a la edil de EU Carme Carreras, el pulcro, inmaculado, diría yo que intachable, Código del Bueno Gobierno del Ayuntamiento de Castelló. Hilaron tan fino que la tela se ha convertido en telaraña, porque prácticamente con estornudar sin taparse la boca puede ser ya motivo para acabar en un juzgado, ser investigado... y tener que irte a tu casa.

Situémonos un poco. Enero de 2014, con un Partido Popular asfixiado por la corrupción en media España, en especial en la Comunitat Valenciana, un PP que gobernaba, pese a todo, plácidamente en la capital de la Plana, con mayorías absolutas desde 1991. Era el momento de apostar por la ejemplaridad, de mover ficha y renovar el Código del Buen Gobierno del ayuntamiento para que, ante cualquier imputación de un cargo electo, se viese obligado a dimitir o a ser cesado de su cargo. Compromís y Esquerra Unida cogieron el timón de la fragata de la honradez y lograron que, finalmente, en abril de 2015 se aprobase por el pleno una revisión del código mucho más estricta, por ejemplo, que la del Consell. Y el texto es claro: en el momento en el que se impute a un miembro de la corporación municipal por «corrupción política», el concejal o concejala en cuestión «será apartado de toda representación» municipal. Y por corrupción política entendemos, entre otros, «prevaricación, revelación de secretos, cohecho tráfico de influencias, malversación, fraude, falsedad documental o estafa».

Quizás Compromís pensó que, con la probable victoria del PP, otra vez, en el ayuntamiento en las elecciones de mayo de ese año tendría la herramienta municipal clave para presionarles judicialmente, pero para su suerte, o para su desgracia, el Partido Popular se estrelló en las urnas y los ciudadanos apostaron por PSPV, Compromís y Castelló en Moviment para gobernar la ciudad.

Volvamos a noviembre de 2018, con un proceso judicial en marcha. Juan José Pérez Macián, edil del PP, presentó una querella contra Brancal y Nomdedéu por presunta malversación y falsedad vinculadas al supuesto envío de propaganda electoral para los comicios europeos de 2014 a través del servicio municipal de correos del ayuntamiento. Un Pérez Macián que, por cierto, tuvo en su poder durante 4 años esos famosos sobres, algo que, de momento, calificaremos como extraño.

El juez podía haber obviado la querella, archivarla sin más, pero no lo hizo. Vio posibles indicios de delito y decidió abrir un procedimiento. Brancal y Nomdedéu, por mucho que les pese, si fuese 2015 estarían «imputados», pero tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de diciembre de ese año están «investigados». Pueden darle mil vueltas, rizar el rizo o hablar en arameo: están impuinvestigados. Podemos inventarnos si quieren las palabras. Y el Código del Buen Gobierno, su código, es así se contundente: Brancal tiene el compromiso ético de dimitir, lo mismo que ella y Nomdedéu exigieron que hiciese el exalcalde del PP Alfonso Bataller, a quien le pidieron la cabeza, la oreja y, si me permite, el rabo.

Bataller salio indemne de la investigación judicial por Gürtel, y es probable que pase lo mismo en este caso. Yo pongo la mano en el fuego por la vicealcaldesa: Ali Brancal me parece una persona honesta, trabajadora y limpia de corrupción. Seguro. Pero se ha visto atrapada por una trampa ética que su propio partido diseñó.

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