La vicealcaldesa de Castelló, Ali Brancal, evitó ayer hacer declaraciones sobre su condición de investigada durante el acto institucional del Día de la Subdelegación de Defensa. Con un escueto «hoy no es el día», rechazó cualquier pregunta referida a situación judicial a raíz de la querella interpuesta por el portavoz adjunto del PP en el ayuntamiento, Juan José Pérez Macián, por presunta malversación y falsedad vinculadas al supuesto envío de propaganda electoral para los comicios europeos de 2014 a través del servicio municipal de correos del propio consistorio.
Como explicaron a este periódico expertos juristas el viernes, «el término 'investigado' es equivalente al de 'imputado'. Ambas palabras poseen la misma naturaleza. Cuando una persona está investigada es por que tiene abierta una causa, y eso le obliga a acudir con un abogado o una abogada al juzgado, ya que se le está investigando por unos hechos de naturaleza criminal», aclaró el letrado Enrique Galindo, del bufete Barrachina-Rivas-Galindo. Por tanto, «estamos hablando de lo mismo», añadió.
En diciembre de 2015, el Congreso aprobó la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). Entre las novedades, se reemplazaba el término «imputado» por «investigado» en la fase de instrucción, que pasaba a denominarse encausado tras el auto formal de acusación.
El 30 de abril de ese mismo año, el pleno del Ayuntamiento de Castelló modificó el Código de Buen Gobierno de 2006, estableciendo medidas preventivas (entre ellas el cese) para los ediles imputados por corrupción política.
Compromiso ante notario
Dos años antes, el 13 de mayo de 2013, en una sesión extraordinaria por la imputación del alcalde de Castelló, Alfonso Bataller (PP), a consecuencia del caso Gürtel, el entonces portavoz del Bloc, Enric Nomdedéu, se había expresado en los siguientes términos para solicitar la marcha del munícipe en aplicación del citado código, según recoge el acta de aquel día. «El 27 de abril, es decir, hace exactamente 12 meses antes de la imputación del señor Bataller, defendí en nombre de mi grupo un moción que proponía añadir al Código de Buen Gobierno de los miembros corporativos del Ayuntamiento de Castelló un apartado por el cual todos asumiéramos el compromiso ético de dimitir si resultábamos imputados como consecuencia de nuestra actividad pública. El PP votó no».
«La señora Brancal y yo mismo habíamos asumido este compromiso ante notario y la señora secretaria del pleno lo tiene a disposición de todos los grupos y le autorizo en este acto a facilitarlo al ciudadano o ciudadana que lo pida, la copia literal del acta notarial que lo concreta. Ese era nuestro compromiso ético hace un año y desde esa posición pedimos al señor alcalde que haga lo mismo y presente su dimisión», proseguía.
Brancal y Enric Nomdedéu, secretario autonómico de Empleo (Compromís), declararon el pasado 11 de julio, en calidad de investigados, ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital de La Plana, por la querella de Macián. Para la oposición en el ayuntamiento -PP y Ciudadanos-, la situación judicial de la vicealcaldesa es motivo más suficiente para que el alcaldesa, Amparo Marco (PSPV), aplique el código y proceda a su destitución.
