12 de noviembre de 2018
12.11.2018
Sociedad

Un puente entre divorciados

El coordinador ayuda a tomar decisiones a los progenitoresy, además, puede mantener contacto con el entorno del menor

12.11.2018 | 11:52

Coordinador parental. La Comunitat Valenciana, junto a otras autonomías, ha comenzado a implantar la figura del coordinador parental con el fin de definir acuerdos entre los progenitores en caso de divorcio y, así, evitar la vía judicial, que comporta un coste de 4.000 euros por proceso. El coordinador también puede actuar en casos de violencia de género, ya que ejerce como un perito en nombre del juez.

Los divorcios no solo resultan complicados para las partes implicadas, sino que los que más suelen sufrir en estos casos son los más pequeños. Los niños pasan de convivir en el mismo hogar con sus progenitores a tener que cambiar de casa a lo largo del mes. Además, muchas veces, se convierten en instrumentos utilizados por los cónyuges en beneficio de sus intereses y en detrimiento de la parte opuesta, sin tener en cuenta la situación del menor.

El Ministerio de Justicia propuso en la última conferencia sectorial que se comience a insertar como experiencia piloto la figura del coordinador de parentalidad. Aunque en Cataluña, València o Madrid ya ha comenzado a implantarse hace tiempo. En palabras del decano de los jueces de València, Pedro Viguer, e impulsor de esta medida en València, «el coordinador parental es un experto que ayuda en situaciones de divorcio a los padres que están absolutamente enfrentados. Es una especie de coaching de padres que informa al juez, le auxilia, ayuda, asesora, pero también a las partes para buscar la normalización del conflicto permanente en el que se encuentran, y buscar el beneficio de los menores».

El coordinador parental actúa como un perito en nombre del juez y no como un simple mediador, al que se recurre de forma voluntaria. En este caso, es la justicia la que obliga a los progenitores a que se reúnan con esta figura con el fin de llegar a un acuerdo en beneficio de sus hijos y ejecutar las medidas judiciales adoptadas.

Esta nueva figura debe estar vinculada con la psicología, el trabajo social o el mundo del derecho y toma como ejemplos experiencias procedentes de Estados Unidos o Canadá. Sin embargo, no fue hasta 2015 cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la avaló y la implantó por primera vez.

La vicepresidenta de la asociación Custodia Compartida ¡Ya! en València, Pilar Marco, destaca en declaraciones a Levante-EMV que «nos parece una medida estupenda porque, en el caso anterior, si una parte no acudía, no pasaba nada, pero ahora el coordinador puede realizar un informe vinculante al juez». De esta manera, la ausencia de uno de ellos tiene consecuencias inmediatas, puesto que el juez tiene constancia en todo momento de la situación familiar y, así, «sabe cuál de las dos partes es la que pone problemas».
«Nosotros siempre hemos pedido que la mediación fuera obligatoria», recalca Moreno. Sin embargo, esta figura «autoritaria y ágil» solo se utilizará en «casos extremos que han estado enquistados durante muchos años, ya que todos los días nos encontramos casos similares en la asociación».

Además, la figura del coordinador parental sí puede aplicarse en casos de violencia de género, frente a la mediación que no está permitida en este tipo de procesos. Sin embargo, esto no supone ninguna desprotección para la madre, ya que «la mujer puede pedir no estar delante del maltratador durante la reunión». Por lo tanto, en estos casos no solo se cuenta con la versión particular de las dos partes, sino con informes y documentación del caso.

Por su parte, el coordinador se puede «reunir varias veces a la semana con los dos miembros de la pareja e intentar solucionar los conflictos que van surgiendo, aunque la última palabra siempre la tiene el juez», destaca la vicepresidenta de la asociación.
Moreno explica que esta figura surge porque, en la mayoría de ocasiones, los padres no se ponen de acuerdo en decisiones tan simples relacionadas con sus hijos como los preparativos de la primera comunión o el instituto al que deben ir en un futuro, por lo que el coordinador «les plantea en la sesión los temas a los que pueden enfrentarse en un futuro inmediato». Desde la asociación recuerdan que estos desacuerdos que muchas veces terminan en la vía judicial comportan costes de unos 4.000 euros por proceso «que pagamos todos los españoles».

Situación actual
El juez decano de València, Pedro Viguer, impulsó esta figura en la Ciutat de la Justicia. A mediados de 2017, el equipo psicosocial de los juzgados de València llevó a cabo este programa con diez familias valencianas, al que se sumaron cinco más posteriormente. No obstante, la Generalitat quiere ampliar el programa, por lo que ha acordado que el Colegio de Psicólogos prevea una bolsa de profesionales. Sin embargo, Viguer destaca que «se tiene que invertir y poner en marcha recursos, por lo que la Generalitat tendrá que asumir un desembolso importante y un refuerzo de las plantillas».

Tras las pruebas piloto desarrolladas en los juzgados de Familia de València, el decano afirma que «los resultados han sido buenísimos y ha habido relaciones entre padres que se han reconducido, hecho que ha comportado que ambas partes nos feliciten». Además, recalca que «a los abogados y abogadas también les parece sensacional la iniciativa, ya que es un elemento fundamental de pacificación». Viguer explica que cada día en los despachos se puede encontrar una media de sesenta procedimientos de ejecución de sentencia de divorcio, que se suman a los de otros casos.

«No va a ser una varita mágica, pero cumpliría una finalidad pedagógica y, por eso, estoy entusiasmado con la figura», sentencia el decano.

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