El Ayuntamiento de Segorbe instará a la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, a que acuda a la ciudad a dar explicaciones públicas sobre los informes y las razones que llevaron a su departamento a trasladar en mayo de 2017 a los 18 menores acogidos en el colegio de la Resurrección, gestionado por las Hermanas Terciarias, a otros centros de acogida al, según matizaban desde Conselleria, «contar con informes de inspección que señalaban situaciones graves».
La propuesta salió adelante gracias al voto de calidad del alcalde -ante la ausencia de la concejala en el pleno extraordinario, Mercedes Pérez- por los 6 votos a favor del equipo de gobierno y los 6 en contra del PP.
Y es que, a pesar de que el PP habría solicitado la celebración de este pleno para pedir la reapertura inmediata del Centro de la Resurrección con el fin de que continúe con su labor formativa y educativa y que Oltra pidiera perdón por haber manchado el honor de una congregación y un colegio con más de 100 años de historia, el equipo de gobierno habría enmendado este punto del orden del día por el que solicitan ahora a la vicepresidenta a que dé las explicaciones pertinentes de lo sucedido. Asimismo, se solicitará la vuelta a Segorbe de la instalación de un centro de menores en el municipio.
El alcalde, Rafael Magdalena explicó que «debido al impacto social y ante la inexistencia del recurso en Segorbe, hacemos estas propuestas a la conselleria porque es un centro de su competencia y estas son las herramientas que tenemos en nuestra mano». «La vicepresidenta se comprometió a venir, ejercer su responsabilidad y detallar lo ocurrido y vamos a invitarla de nuevo para que lo pueda hacer», resaltó.
La concejala de Segorbe Participa, Yolanda Sebastián, destacó que la única prioridad de su agrupación electoral «ha sido siempre la protección de los menores» y defendió las políticas por la infancia que está llevando a cabo la conselleria, pues actualmente «no hay ningún menor de 0 a 6 años en centros; todos están en familias, que es lo más parecido a un hogar». La edil afirmó que el centro «no se sometía a una inspección desde 2005, pues los anteriores responsables políticos miraron hacia otro lado».
Por su parte, Mª Carmen Climent, edila del grupo popular, mostró su indignación en lo que calificó una «difamación del honor de una congregación, de profesionales, niños y de los segorbinos», ya que, en su opinión la conselleria «ha utilizado el centro de La Resurrección como una cortina de humo», con «información manipulada». Climent argumentó que no es cierto que el colegio no se pueda reabrir, que las declaraciones de los menores fueron manipuladas y que los informes en los que se sostiene la conselleria para trasladar a los niños carecen de validez, ya que la propia Fiscalía resolvió a favor del colegio. La popular resaltó, además, que el dinero que el centro ha recibido ha sido valorado en todo momento por Oltra y destacó que, de ese dinero, «se gastaba el 85% en las nóminas de los trabajadores que el Consell obliga que tenga el centro y estuvieron 7 meses sin pagar hasta que al final se formalizó el pago, lo que llevó a las hermanas a tener que sacar incluso préstamos”.
Por su parte, fuentes de la conselleria destacaban ayer que el Consell «ni abre ni cierra centros. Hubo una inspección y se decidió que se trasladaba a los menores para primar su bienestar y el centro tomó después la decisión autónoma de cerrar». Esas mismas fuentes informaron de que se licitaron 42 plazas en centros de menores de Castelló y el concurso lo ganó la Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomas. «Las hermanas terciarias se presentaron en otros lotes y se les adjudicaron algunas” resaltan desde conselleria quienes afirman que «llama la atención que el PP esté en contra de abrir centros de menores en localidades como Lliria o Paterna y pida la apertura de este en Segorbe, lo que demuestra que se usa el tema de manera política».
En los informes los inspectores habrían detectado supuestas irregularidades en las instalaciones, que se propinaba a los menores «duchas de agua fría en enero» y que se les daba «comida caducada» . Asimismo, el juzgado archivó una denuncia por un delito de abuso sexual y de autoridad.
