La Justicia vuelve a poner en entredicho el decreto-ley que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy para indemnizar con 1.350 millones a la concesionaria de la planta de Castor tras su renuncia.
En 2017, el Tribunal Constitucional anuló este procedimiento y, ahora, el Supremo obliga al Estado a devolver a los consumidores de gas 18 millones de euros correspondientes al canon de 2014 por contener el decreto algunos preceptos «inconstitucionales».
El Supremo da la razón al primero de los cuatros recursos presentados por la patronal catalana de Cecot contra los peajes de gas vinculados a la indemnización de Castor. La organización empresarial considera que el Alto Tribunal atenderá también las otras tres demandas pendientes de resolver (de 2015, 2016 y 2017) y que el importe total a devolver ascenderá a los 200 millones.
Cecot inició en 2015 acciones legales para evitar que los usuarios del gas, especialmente el sector industrial, tuvieran que asumir el coste de las compensaciones por el cierre del almacén gasístico, que paralizó su actividad tras una serie de seísmos.
El Gobierno optó en 2014 por una fórmula de indemnización que repercutía en el sistema de gas. Aprobó por la vía de urgencia un decreto por el que encargó el mantenimiento del almacén y el abono de los 1.350 millones a la empresa de Enagás.
Esta última firma hizo uso para ello de un préstamo bancario y obtuvo del Ejecutivo el derecho de cobro de este montante repercutiéndolo en las tarifas del gas durante 30 años. La cantidad total a pagar por los consumidores se situó en los 4.731 millones incluyendo el interés anual del 4,27 %.
Según Cecot, el Gobierno tiene dos semanas para sufragar los 18 millones a los consumidores. La sentencia cuestiona el decreto gubernamental de 2014 que vinculó la indemnización con la red tarifaria del gas, por lo que la patronal entiende que también instará a retornar los peajes cobrados hasta que el Constitucional anuló este proceso en diciembre de 2017 (de 2015, 2016 y 2017).
El Supremo indica que dicho decreto infringe varios artículos de la Constitución. Afirma que no existía una «situación extraordinaria» que justificara el uso de esta normativa» y que no se abrió un concurso de libre concurrencia para el mantenimiento del almacén.
«Es una inversión fallida»
«Consideramos que Castor constituye una inversión fallida, en la que prevaleció la construcción de la infraestructura por encima de su viabilidad, y no estamos de acuerdo con que los usuarios del gas tengan que asumir el coste», afirmó Antoni Abad, presidente de la Cecot.
Los senadores de Compromís, Carles Mulet y Jordi Navarrete, pidieron responsabilidades al anterior Gobierno.
Competencia pide vigilancia
El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, instó en Madrid a mantener la vigilancia sobre los costes de las inversiones en infraestructuras de energía para «no incurrir en errores del pasado próximo». Marín Quemada eludió referirse a la sentencia, pero mantuvo que los costes de infraestructuras deben ser retribuidos a las empresas mediante aumentos en las tarifas, pero sin sobrecostes.
El Ministerio de Transición Ecológica informó que el reparto de los peajes depende de Competencia.
