La patronal catalana de Cecot instará al Tribunal Supremo a que apremie al Gobierno a que pague en dos meses a los consumidores gas los 18 millones que el Ejecutivo de Mariano Rajoy les repercutió con la indemnización del almacén Castor.
El Alto Tribunal ha asumido el recurso presentado por Cecot y obliga a retornar en una sentencia los peajes de gas que se incluyeron en el recibo de 2014 vinculados al pago a la empresa de Castor. Reprende el decreto-ley que impulsó Rajoy en 2014 para indemnizar con 1.350 millones a la concesionaria de Castor, un pago que se ligó a los consumidores del gas. El Constitucional paralizó en 2017 el citado decreto y el abono en la factura del gas de los importes relacionados con Castor y, ahora, el Supremo ordena el reintegro de la primera de las cuatro anualidades que llegaron a cobrarse (2014). Quedan pendientes por resolver los recursos de 2015, 2016 y 2017 presentados también por Cecot.
El Ministerio de Transición Ecológica se ha desatendido de momento de esta cuestión y traslada la posible devolución a la Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados (CNCM), organismo encargado de realizar las liquidaciones del sector gasístico.
La organización empresarial sostiene que el Gobierno del PP retiró al citado organismo la competencia de regulador en los servicios de energía, gas y telecomunicaciones.
Por ello entiende que ha de ser el Gobierno el que determine el retorno a los usuarios del gas de los 18 millones de 2014. Subraya que la Unión Europea requiere desde hace cuatro años un cambio legal para que la CNCM recupere la competencia de regulador, pero apunta que esta nueva ley tardaría en tramitarse y aprobarse en unos ocho meses. En este sentido, Cecot se dirigirá de nuevo al Tribunal Supremo para que el Gobierno haga cumplimiento de la resolución judicial en un plazo de dos meses.
El Ejecutivo central dispone de dos meses para reintegrar los aproximadamente 18 millones de euros, según la patronal, que tiene previsto articular un mecanismo de devolución del importe de 2014.
La organización empresarial catalana inició en 2015 un plan de acción destinado a evitar que los consumidores de gas, y especialmente las empresas del sector industrial, tuvieran que asumir el coste de la compensación a la empresa constructora y concesionaria del almacén gasístico Castor que no se ha llegado a poner en marcha.
A finales de abril de 2015, explica la entidad empresarial, la Eurocámara instó a la Comisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones que tomaran medidas con el fin de evitar que los ciudadanos españoles tuvieran que abonar los 1.350 millones de euros en compensaciones.
