El futuro político de la vicealcaldesa de Castelló, Ali Brancal, está pendiente de la Comisión Plenaria de Gobierno Abierto y Participación que hoy celebrarán los cinco grupos políticos, un ente que debería ser clave para determinar si procede llevar a pleno el cese de la edil de Compromís al estar investigada presunta malversación vinculada al supuesto envío de propaganda electoral para los comicios europeos de 2014 a través del servicio municipal de correos del ayuntamiento.

La comisión es el órgano encargado de dirimir la aplicación del Código de Buen Gobierno del ayuntamiento, aprobado por unanimidad en 2015, un código impulsado en su día por Compromís y Esquerra Unida tan estricto que solo por el mero hecho de que un concejal o concejala esté imputado -en la actualidad, investigado- es motivo suficiente para que dimita o que la alcaldía le cese de sus cargos de gobierno.

Ali Brancal, que renunciará hoy a la presidencia de la comisión plenaria, ha presentado un escrito, para su debate, que sigue eludiendo cualquier alusión a que está investigada por un juzgado. Así, la vicealcaldesa reconoce que el portavoz adjunto del PP, Juan José Pérez Macián, presentó una querella contra ella y que ya acudió a declarar el pasado 1 de julio, pero de su lectura quiere dar a entender que el procedimiento judicial está parado, cuando sigue la fase de investigación, pendiente ahora de resolver un recurso de Brancal para ver si las pruebas aportadas por el PP -unos sobres que retuvieron los populares durante cuatro años- son considerados finalmente una prueba o son declarados nulos.

La vicealcaldesa, que habla de «indefensión absoluta» y de estar sufriendo un «acoso que esta ejerciendo el Partido Popular en los medios de comunicación», cree que «no corresponde en este momento la aplicación del Código e Buen Gobierno», por lo que pide a los miembros de la comisión que abra un «periodo de información y consulta previo con la finalidad de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia, o no, de iniciar el procedimiento».

Tras acceder al escrito de Ali Brancal, que ha cedido la presidencia de la citada comisión al socialista Antonio Lorenzo, el Partido Popular presentó ayer otro con «carácter de urgencia» para advertir de un presunto «fraude de ley» en el documento presentado por la vicealcaldesa, advirtiendo además a los representantes políticos de una «probable» prevaricación si emiten un voto sobre la propuesta de la edil de Compromís «sin disponer de un asesoramiento y conocimiento jurídico necesario». Por ello, el PP exige, previamente a la comisión, que la secretaria «informe técnica y jurídicamente sobre si el articulado al que se acoge la vicealcaldesa es el aplicable o no».

Para el PP, según el escrito de urgencia que firman los concejales Vicent Sales y Carlos Feliu, hay «una situación de hecho clara, incuestionable y no interpretable, cual es la condición de investigada (antes imputada) de una miembro de la corporación municipal». En consecuencia, según el PP, «el hecho cierto de que la señora Brancal fue llamada por el juzgado en calidad de investigada, y que ha declarado como investigada en una instrucción penal que continúa abierta, establece para ella la condición preexistente de investigada por un presunto delito de los que el Código de Buen Gobierno considera de corrupción política».

Según el PP, Brancal tiene la «torticera intención de bordear los que establece el Código como medidas a adoptar en casos de imputación a miembros de la corporación». A juicio de los populares, «no cabe periodo alguno de información previa en la comisión porque los hechos los está investigando un juzgado». Por ello, inciden en que lo que propone la vicealcaldesa es crear una procedimiento «que nacería muerto y sin posibilidad de actuar, pues ya media un proceso penal que instruye un juzgado».