El futuro político de Ali Brancal pasará primero por una comisión extraordinaria de Gobierno Abierto y Participación, que se realizará "cuanto antes mejor", donde la vicealcaldesa deberá comparecer para dar explicaciones sobre su investigación judicial. Después, la atención se trasladará al pleno ordinario del próximo 29 de noviembre, donde todo apunta a que deberá debatirse, y votarse, el cese de Brancal como vicealcaldesa en aplicación del Código de Buen Gobierno, aunque podría seguir como edil sin responsabilidades.
La Comisión Plenaria de Gobierno Abierto y Participación, que ha durado una hora, ha finalizado con el rechazo de la propuesta de la vicealcaldesa de Castelló, Ali Brancal, por unanimidad -incluido Compromís- porque el informe de las secretaria ha dado a entender que podía haber fraude de ley, como así había denunciado previamente el Partido Popular
Brancal había presentado un escrito, para su debate, que seguía eludiendo cualquier alusión a que está investigada por un juzgado. Así, la vicealcaldesa reconocía que el portavoz adjunto del PP, Juan José Pérez Macián, presentó una querella contra ella y que ya acudió a declarar el pasado 1 de julio, pero de su lectura parecía dar a entender que el procedimiento judicial está parado, cuando sigue la fase de investigación, pendiente ahora de resolver un recurso de Brancal para ver si las pruebas aportadas por el PP -unos sobres que retuvieron los populares durante cuatro años- son considerados finalmente una prueba o son declarados nulos
Además del rechazo a este escrito, la Comisión de Gobierno Abierto ha acordado una comisión extraordinaria urgente para que Ali Brancal comparezca y dé explicaciones, como así había recogido ya en su día la secretaria del pleno en un informe, y ahí se aprobará un dictamen que irá a pleno, por lo que, si se cumplen los plazos, probablemente la semana que viene se tenga que votar el cese de la vicealcaldesa.
Las caras ya eran largas en el inicio de la Comisión Plenaria de Gobierno Abierto y Participación. El ente, en el que participan los cinco grupos políticos, era clave para determinar si procede llevar a pleno el cese de la edil de Compromís al estar investigada presunta malversación vinculada al supuesto envío de propaganda electoral para los comicios europeos de 2014 a través del servicio municipal de correos del ayuntamiento.
Los representantes del PSOE y Compromís, Antonio Lorenzo e Ignasi Garcia, mantuvieron una intensa reunión en privado media hora antes del inicio de la comisión, que es el órgano encargado de dirimir la aplicación del Código de Buen Gobierno del ayuntamiento, aprobado por unanimidad en 2015. Estamos hablando de un código impulsado en su día por Compromís y Esquerra Unida tan estricto que solo por el mero hecho de que un concejal o concejala esté imputado -en la actualidad, investigado- es motivo suficiente para que dimita o que la alcaldía le cese de sus cargos de gobierno.
Ali Brancal y Enric Nomdedéu, secretario autonómico de Empleo, declararon el pasado 11 de julio en calidad de investigados, ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital de La Plana, por presunta malversación y falsedad vinculadas al supuesto envío de propaganda electoral para los comicios europeos de 2014 a través del servicio municipal de correos del Ayuntamiento. La querella la puso el portavoz adjunto del PP, Juan José Pérez Macián.
De momento, Compromís ha conseguido dilatar el procedimiento ya que ayer informó de que el Juzgado de Instrucción número 2 ha admitido a trámite los recursos de apelación interpuestos por Ali Brancal y Enric Nomdedéu para solicitar la nulidad de las pruebas aportadas por Juan José Pérez Macián en la querella interpuesta contra ellos. Esto supone que el juzgado, de momento, no dará ningún paso más, como es habitual, a la espera de que la Audiencia Provincial de Castelló resuelva ambos recursos, importantes sin duda porque podrían servir para determinar si los sobres aportados por Pérez Macián son o no prueba nula.
