La Cruz de los Caídos en el parque Ribalta tiene fecha de caducidad. Incluso, el Ayuntamiento de Castelló ya maneja cifras sobre el coste que supondrá tanto la retirada del monumento como su sustitución por una zona ajardinada, dominada por especies arbóreas y que, además, permitirá ampliar el pulmón verde de la ciudad, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1981. El presupuesto de cada uno de los dos proyectos necesarios para trasladar el resto franquista a otra ubicación rondará los 40.000 euros, cantidad que, según la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) vigente desde el pasado 9 de marzo de 2018, entrará dentro de la consideración de contrato menor.

Este matiz resultará de especial importancia para la tramitación administrativa, que avanzará con mayor diligencia que si se tratasen de contratos mayores. A diferencias de estos últimos, el ayuntamiento se ahorrará los, en ocasiones espesos e interminables, procesos de publicación de las bases de licitación, así como de adjudicación, con unos plazos legales invariables.

Sin estos pasos previos para otorgar las obras a una empresa determinada, las previsiones de retirar la cruz de Ribalta antes de mayo de 2019 no serán una utopía. Por ello, la concejala de Cultura, Verònica Ruiz, reiteró ayer su voluntad de firmar cuanto antes el expediente de salida para obtener la autorización de la Conselleria de Cultura una vez reciba la delegación de la Junta de Gobierno Local a propósito de aplicar la Ley de Memoria Histórica. «Mi intención es que todo esté tramitado y ejecutado dentro de esta legislatura», subrayó.

Cuando se apruebe esa habilitación de competencias, tendrá que iniciarse la redacción de un informe jurídico sobre la aplicación de la Ley, que deberá dictaminar la retirada del monumento del parque Ribalta. Será entonces cuando se abrirá un periodo de alegaciones. De forma paralela, el ayuntamiento remitirá a la Conselleria de Cultura para su validación los dos proyectos urbanísticos ya redactados: el de ampliación del parque (el arbóreo) y el de la retirada de la cruz -que incluirá otro de actuaciones arqueológicas en la zona-.

Cuando esta fase esté ya resuelta, será el momento en el que el ayuntamiento ejecutará las dos actuaciones urbanísticas, que serán activadas en este caso por la concejalía de Ordenación del Territorio. El procedimiento, a pesar de los distintas formalidades administrativas y jurídicas, discurrirá con celeridad, ya que el bloqueo actual se debe única y exclusivamente a la paralización del citado expediente de salida, cuya firma todavía no se ha producido. En el momento que la edil de Cultura rubrique ese documento, ya no habrá marcha atrás. Eso sí, dependerá de la cantidad de alegaciones presentadas y su complejidad técnica. No obstante, desde el ayuntamiento existe el convencimiento de que habrá tiempo suficiente para retirar la cruz de Ribalta antes de concluir la actual legislatura.

Ayer, Ruiz insistió en que el destino de «este vestigio franquista» será un almacén municipal, aunque evitó aclarar cuál. «Lo llevaremos a unas dependencias y luego al Museo de los Horrores», se limitó a señalar.

La munícipe defendió, una vez más, la necesidad de aplicar la Ley de Memoria Histórica, atendiendo así al informe del comité de expertos constituido por la Conselleria de Justicia. En este sentido, dicho comité insiste en que el monumento sigue recibiendo hoy en día flores y velas de nostálgicos en fechas cercanas a la muerte de Franco, como aseguró la catedrática de la Universitat Jaume I, Rosa Monlleó, a este periódico el pasado 4 de noviembre. Del mismo modo, precisó que el argumento de más peso que justifica su retirada es que se construyó después de la Guerra Civil para glorificar a los vencedores, emulando la arquitectura del Valle de los Caídos.