Cristina García Pascual del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València ha ofrecido una conferencia en la Universitat Jaume I en la que ha abordado la justicia transicional y sus núcleos problemáticos, dentro del actos con motivo del 70 aniversario de la Declaración Universal de Derecho Humanos.
García Pascual ha explicado que la justicia transicional designa las actividades que se articulan en respuesta a los grandes crímenes en el tránsito desde un conflicto a una situación de post conflicto o paz, es decir, se ocupa de gestionar el «mal absoluto» o los crímenes contra la humanidad, hechos que carecen de medida. «No importa si estos crímenes son lejanos o cercanos, todavía interpelan moralmente y plantean en la sociedad problemas jurídicos y políticos difíciles de gestionar y también ponen en cuestión las más asentadas categorías jurídicas y políticas», ha señalado.
En primer lugar, ha apuntado que en los textos normativos sobre estas cuestiones, el lenguaje está caracterizado por la profusión de neologismos y términos solemnes. Según ha explicado, los neologismos se utilizan porque son realidades nuevas y la grandilocuencia tiene que ver con la dificultad de la representación y la incapacidad de comprender la desmesura. En este sentido, ha destacado como primer núcleo problemático el debate sobre la novedad porque hay una pretensión legítima de las víctimas de considerar su dolor único e incomparable pero las masacres y limpiezas étnicas se han repetido a lo largo de la historia.
«Aunque no hubiera novedad en los crímenes, sí que hay en la forma en que se perciben y cómo se enfrenta a ellos la sociedad, negándose a darle normalidad histórica. Para dar cuenta de esta percepción de novedad se utilizan estas palabras nuevas. La justicia transicional es un neologismo en sí misma e ilustra esta percepción de que se quiere responder a aquello inédito», ha afirmado.
Por otro lado, ha explicado que la justicia transicional crea un vínculo entre la rendición de cuentas, el reconocimiento a las víctimas, su bienestar y la transformación y la estabilidad social. «De todas las medidas de justicia de transición se deriva una pretensión optimista: es posible impulsar a la sociedad hacia un futuro mejor trabajando en el pasado y allá donde no se afronte el pasado y se abrace el olvido se tendrá un frágil estado de derecho», ha apuntado. Así, ha explicado que las políticas de transición han crecido de manera exponencial para encontrar el «difícil equilibrio» entre hacer justicia en las víctimas y la estabilidad y paz social.
En esta línea, García Pascual ha destacado como aspectos prioritarios de esta justicia transicional la restauración del derecho, la recuperación de la comunidad moral y el restablecimiento de la comunidad política porque son los tres grandes pilares de negación en los procesos de deshumanización. «Estos tres objetivos están ligados y son interdependientes. El reto es enorme porque reconstruir la esfera jurídica, moral y política de una sociedad no es otra cosa que construir un estado de derecho en una sociedad democrática», ha afirmado.
