La asociación Abogados Cristianos se suma a la estrategia del Partido Popular y ha presentado a su vez una querella contra la alcaldesa de la Vall d'Uixó, Tania Baños, por el derribo de la cruz franquista de la Plaza de la Paz que acometió el consistorio en junio de 2018.
En concreto, el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules se ha inhibido ante esta segunda querella en favor del Juzgado de Instrucción número 4 de Nules, que ya investigaba a la alcaldesa en base a la denuncia presentada por el Partido Popular de la Vall d'Uixó. Es decir, que el juzgado en el que ha recaído por turno la querella de Abogados Cristianos ha pedido al juzgado que ya investigaba a la alcaldesa de la Vall por la denuncia del PP que sume esta nueva querella a sus diligencias.
La novedad estriba en el uso de los tiempos que ha realizado el Partido Popular aprovechando la polémica por la retirada de la cruz franquista erigida en el Parque Ribalta de Castelló, dado que el auto de inhibición ante las dos querellas por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules ya era conocido semanas atrás.
En concreto, el auto es del 12 de noviembre de 2018 y no fue hasta el 30 de noviembre a primera hora de la mañana cuando la Cadena Cope dio a conocer el auto de inhibición, apenas un día después del pleno municipal en el que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló acordó trasladar las competencias para derribar la cruz franquista del Parque Ribalta a la concejala de Cultura, Verònica Ruiz, de Compromís.
De esta manera, por un lado el PP intenta presionar al equipo de gobierno en Castelló con la amenaza de una imputación, bien hacia la concejala de Compromís, bien hacia la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco. Un extremo que quería evitar la primera edil, del PSPV-PSOE, ante una hipotética imputación por el derribo de la cruz franquista y que la concejala de Cultura ha asumido «con valentía», según expresó.
Y, por otro, incluye a una segunda entidad en su «acoso político» contra la alcaldesa de la Vall d'Uixó, la socialista Tania Baños, como ella misma lo calificó tras declarar ante el juzgado de Nules por una denuncia previa del PP.
En el trasfondo de esta estrategia del PP por vincular ambas cruces franquistas y ambos derribos está el Código de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Castelló y la imputación de la vicealcaldesa, Ali Brancal, de Compromís, por una denuncia, también del PP, en el denominado caso de los sobres. Es decir, que la formación conservadora intenta presentar un escenario en el que la alcaldesa de Castelló se viera obligada a dimitir tras ser imputada por derribar la cruz franquista dado la pulcritud del Código castellonense.
Gabriela Bravo
Respecto a la denuncia de Abogados Cristianos, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, aseguró ayer que «ellos están en su derecho de poder acudir a los tribunales como cualquier ciudadano para revisar la decisión que tome la corporación local, pero en todo caso nosotros desde la Conselleria nos ratificamos en el contenido del informe y creo que además la ley es muy clara con cuál debe ser el destino con esos elementos que pueden servir como cauce para seguir conmemorando hechos que deberían quedar sepultados con la infamia que representan» y espetó que «la ley es contundente, hay que retirarlos». En cuanto a la imputación de Baños, la consellera indicó que solo es una «admisión a trámite».
