Los actuales dirigentes del CD Castellón tendrán que rendir cuentas ante el juez antes de finalizar el 2018. Después de que hayan pasado cerca de dos años y el club no se haya personado en la causa contra David Cruz por las supuestas irregularidades cometidas en su mandato (entre 2012 y 2017), ahora es el juez Enrique Marí, a petición del Ministerio Fiscal, quien requiere una serie de documentación a los dirigentes del club de la capital de la Plana para seguir investigando lo sucedido en dicho periodo.

En una providencia con fecha del 21 de noviembre de 2018, el magistrado concede un plazo de 30 días al Castellón para que entregue la documentación acreditativa de muchos de los asuntos que en su día quedaron sin aclarar y que dieron pie, entre otros motivos, a la denuncia de los accionistas minoritarios contra el expresidente.

Así, se solicitan los documentos acreditativos de los acuerdos de patrocinio realizados entre 2012 y 2017; las facturas por comidas, actos o eventos realizados y facturados a la empresa Serveis Hostalers de Castelló SL o cualquier empresa vinculada a la misma o a su representante legal; los recibos de las papeletas de lotería («cuyo premio fue entregado a los socios») y los ingresos obtenidos en los partidos de play-off en el mismo periodo.

Incidiendo en la figura de Cruz, el magistrado también quiere los documentos que existan sobre la línea de crédito a través de la que Cruz hacía las aportaciones al club y se pide información sobre la realidad y actual situación de la ampliación de capital que no se llevó a efecto con el exdirigente, al tiempo que se pide acreditar las facturas a las que se destinó el pago de las cantidades retiradas en efectivo por el expresidente, así como las nóminas y certificaciones del IRPF del mismo.

Contratos de compra-venta

Por lo que respecta a los actuales directivos, se requieren los diferentes contratos, públicos o privados, por los cuales se les han transmitido las acciones del club por parte de Cruz, acreditando las cuantías abonadas, recibidas o pactadas por ambas partes; se pide que se especifique la deuda actual con Cruz y los correspondientes conceptos; el estado de las cuentas con las que se encontraron al acceder al club o la correspondiente auditoría; así como un listado de las cuentas bancarias en las que intervenga el Castellón.

Para completar la investigación de lo acontecido en el club entre 2012 y 2017 se requiere un listado con los nombres de las personas que ocupaban cargo y de aquellas que realizaran labores (remuneradas o no) administrativas, contables, financieras o de asesoramiento como plantilla o personal contratado externo.

Las peticiones se completan con la documentación que justifique si existe actualmente una fundación que gestione el fútbol base, la cuentas de la Fundación Escuela de Fútbol Base Albinegra CV, así como la justificación de si en las temporadas en las que Cruz era presidente se podía controlar de algún modo la afluencia de gente al estadio y, por lo tanto, la cantidad ingresada por venta de entradas en cada partido disputado en Castalia.

En la misma providencia, el magistrado también deja deberes para otros implicados: a Serveis Hostalers de Castelló SL le solicita copia de las facturas de la visita de la RFEF, el evento del 92 aniversario del club o la visita del presidente de la Generalitat; al club que acredite las aportaciones que en su día realizó el propio Cruz; a Santiago García la documentación de los pagos realizados al Castellón y las correspondientes denuncias; y a la empresa Inver Val Bcn Eleleu 2009 SL (empresa de obras con sede en Benicàssim y cuya admisnitradora era en su día la pareja de Cruz) que aporte toda la documentación sobre unos ingresos y pagos realizados a su favor.

Por último, se solicita la colaboración de las entidades bancarias a la hora de aportar los extractos; se pide que se dé cuenta al Ayuntamiento de Castelló y a la diputación para que confirmen si en ese periodo hubo subvenciones al club; a la Agencia Tributaria que aporte las declaraciones de la renta de Cruz y su patrimonio; y a la Policía Nacional y la UDEF que inicie la investigación sobre las cuentas del investigado.