06 de diciembre de 2018
06.12.2018
Tribunales

Una nueva sentencia urbanística obliga a Vinaròs a pagar 1,3 millones

El auto obliga a indemnizar a una familia por perder edificabilidad en el PAI de la Torre Balaguer

05.12.2018 | 23:50
Una nueva sentencia urbanística obliga a Vinaròs a pagar 1,3 millones

Si hace unos días se anunciaba que el Ayuntamiento de Vinaròs debe pagar 1,2 millones de euros por una sentencia favorable a un propietario de terrenos del PAI de Verdera, ahora el Partido Popular anuncia que hay otra sentencia contraria a los intereses del consistorio, en este caso de 1,5 millones de euros a familiares de Arizmendi.

El concejal del PP y exalcalde Juan Bautista Juan anunció ayer que la Sala de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Castelló ha fallado que el Ayuntamiento debe pagar una indemnización de 1.282.000 euros, más intereses, por una reclamación interpuesta por la familia Arizmendi. Esta familia interpuso la reclamación al considerarse perjudicados por la reducción del aprovechamiento urbanístico contemplada en el PGOU que afecta a terrenos de su propiedad en la Unidad de Ejecución UE2R09, conocido como el PAI de la Torre Ballester.

Un PAI que ya fue motivo de litigio entre Antonio Arizmendi y Ayuntamiento de Vinaròs hace unos años y por el que el consistorio debía pagar 873.000 euros más intereses. Ahora, es la otra parte de la familia Arizmendi la que reclama una indemnización por lo que consideran pérdida de edificabilidad en la otra parte de terrenos afectados por este PAI.

El portavoz del PP explicó que en mayo de 2015 se presentó esta reclamación por pérdida de edificabilidad y añadió que «esta solicitud se resolvió por silencio administrativo del Ayuntamiento a los seis meses de su presentación, y no sabemos por qué no se contestó a este recurso, y tampoco si hay algún informe técnico que avale esta postura».

«La sentencia de la sala de lo contencioso administrativo número 2 de Castelló, que obliga al consistorio a pagar 1,2 millones de euros más intereses de demora, por lo que la cifra llegaría a 1,5 millones de euros, es recurrible, aseguró Juan Bautista Juan.

El exalcalde apuntó que «el Ayuntamiento de Vinaròs expone que la administración local no tiene responsabilidad, pero no discute el importe que piden los propietarios, lo que nos parece grave».

Asimismo, Juan explicó que siendo él alcalde, en el año 2013, se decidió ejecutar la urbanización de este PAI por gestión directa. El ex primer edil explicó que «dejamos preparado el proyecto de reparcelación y de urbanización, así como el cálculo de cuotas para desarrollar el entorno, y lamentamos que en estos tres años y medio no se haya hecho nada».

Los litigios tienen su inicio tras la firma de un convenio de urbanización en 1986, bajo gobierno socialista, de unos terrenos situados entorno a la llamada torre Ballester, que se recogió en la revisión del PGOU del año 1988.

En el año 2001, con el PP en el gobierno, se aprobó un nuevo PGOU en el cual se dejaba sin validez el convenio firmado entre ayuntamiento y Antonio Arizmendi. Por ello se inició un litigio en los tribunales al considerar Arizmendi que se habían visto vulnerados sus derechos urbanísticos, de ahí que reclamará una indemnización de más de 10 millones de euros. En marzo de 2012, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana fijo la indemnización que debía pagar el consistorio en 873.000 euros, más intereses.

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