Alrededor de 4.000 efectivos, de ellos 2.054 policías nacionales, conforman el dispositivo para garantizar la seguridad antes, durante y después del partido de la final de la Copa Libertadores que disputarán mañana en el Estadio Santiago Bernabéu los equipos argentinos Boca Juniors y River Plate.

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, dio cuenta en rueda de prensa del Operativo CABA -el acrónimo de la ciudad de Buenos Aires, de donde son los dos equipos-, uno de los más importantes de los que se han desplegado en España para un partido de alto riesgo, como está calificado el del domingo. Un partido que reportará a la economía madrileña 42 millones de euros en ingresos directos y otros 50 millones inducidos por la marca España y la marca Madrid, pero que supondrá también un gasto para la administración que, como mínimo, asciende a los 650.000 euros que costará el despliegue de la Policía Nacional.

Y para que este «magnífico evento», en palabras del delegado, sea un éxito y una fiesta del fútbol, se ha diseñado un dispositivo que, pese a la premura del tiempo, ha podido desplegarse ya para que todo salga bien en Madrid, que, según Rodríguez Uribes, ha tenido el «privilegio» de acoger esa final, la cual será presenciada por unos 81.000 espectadores. Uno de ellos será el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en tanto que no se ha confirmado la presencia del mandatario argentino Mauricio Macri.

Por otra parte, ayer fue detenido un segundo hincha argentino en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, un barra brava considerado muy peligroso y que no puede acceder al estadio de River Plate, según confirman a Europa Press fuentes policiales. Se trata de Christian Ariel Ghisletti, quien en 2016 reclamó a la Justicia de Argentina para que revocara la decisión de prohibirle acceder al estadio de River. Se trata del segundo caso tras la deportación a Argentina de Mazi Mazzaro, un cabecilla de los ultras del Boca Juniors.