08 de diciembre de 2018
08.12.2018
Nuevo paso

Brancal insiste en que no está imputada y una nueva comisión decidirá si su cese va al pleno

La vicealceldesa se aferra a un informe jurídico para advertir que su situación procesal no obliga a aplicar el Código de Buen Gobierno

08.12.2018 | 00:01
Ali Brancal, saliendo de la comisión tras dar explicaciones.

El futuro político de Ali Brancal (Compromís) sigue envuelto en grandes nubarrones. Su comparecencia de ayer ante la Comisión Plenaria Extraordinaria de Gobierno Abierto y Participación apenas aportó nada nuevo al caso. Simplemente sirvió para reafirmar las alejadas posturas de los cinco partidos que deben decidir su suerte como munícipe en las próximas semanas.

Compromís y Castelló en Moviment (CseM) reiteraron su rechazo a propósito de la aplicación del código para solicitar el cese de la vicealcaldesa. El PSPV evitó pronunciarse abiertamente (reclamó tiempo para analizar la documentación), mientras que el PP y Ciudadanos insistieron en lo imperativo de ceñirse a la norma plenaria, lo que se traduciría en un decreto firmado por la alcaldesa, Amparo Marco, para acordar la destitución de Brancal.

Las explicaciones de la vicealcaldesa sobre su situación procesal se fundamentaron en 10 anexos de un amplio dossier. Muchos de ellos no sorprendieron a los miembros de la comisión por ser conocidos de antemano al pertenecer a la instrucción abierta por presunta malversación vinculada al supuesto envío de propaganda electoral para los comicios europeos de 2014 a través del servicio municipal de correos del Ayuntamiento de Castelló.

Así, entre los documentos presentados, figuraron el auto de admisión de la querella interpuesta por el PP (20 de abril de 2018), las diferentes citaciones (de mayo, junio y julio de 2018) o el dictamen de la junta electoral de 2014.

Otros se refirieron a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para demostrar que los términos «imputado» e «investigado» no tienen la misma significación. Sin embargo, Brancal hizo especial énfasis en un informe jurídico firmado por la letrada Agueda Esteve Mañez que, en sus conclusiones, considera «inaplicable» el Cogido de Buen Gobierno (CDBG) por la situación de la vicealcaldesa.

«El CDBG se refiere exclusivamente a la calificación de 'imputado', nunca a la de 'investigado', y ambas expresiones ni son, ni puede ser sinónimas, ni lo pueden ser por analogía. Dª Alicia Brancal, en este momento procesal, es solo investigada y contra ella no existe ninguna imputación formal. Las medidas establecidas en el CDBG son inaplicables a la situación procesal actual de Brancal», subraya la letrada. Esas conclusiones contradicen la argumentación escrita de la secretaria general del pleno, Concepción Juan Gaspar, a instancias del PP, en la que entiende que «corresponde a la Comisión de Gobierno Abierto y Participación, oída a Brancal, informar sobre la aplicación de las medidas que correspondan».

Durante la comisión la vicealcaldesa se aferró a su «no imputación» para evitar el Código de Buen de Gobierno. De hecho, en varios momentos de su intervención eludió la palabra «investigada» para referirse a «querellada», pasando por alto, por ejemplo, que en el informe de su letrada se habla de «investigada» y que en la citación de su declaración el 11 de julio lo hizo conforme a esa figura procesal.

La defensa de Brancal llevó al propio presidente de la comisión, Ignasi Garcia (portavoz de Compromís) a preguntar al resto de integrantes si realmente resulta necesario aplicar el CDBG. Él mismo respondió que su formación no lo considera preciso, razonamiento que compartió la representante de Castelló en Moviment, Anna Peñalver. Por el contrario, Vicent Sales y Vicent Vidal, del PP y Ciudadanos, respectivamente, rechazaron esa tesis y volvieron a pedir el cese de Brancal.

Más ambiguo se mostró el portavoz del PSPV, Antonio Lorenzo, quien manifestó, a la salida de la reunión, que «primero vamos a estudiar la documentación y a partir de ahí haremos las declaraciones pertinentes y en las que expresaremos nuestra decisión».

El próximo lunes, Garcia convocará de manera oficial la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno del 13 de diciembre, en la que se someterá a votación un dictamen que posteriormente se abordará en el pleno del 20 del mismo mes respecto a la petición de cese de Brancal. Según avanzó ayer el PP, dependiendo del contenido de la convocatoria, no descarta ausentarse de la reunión para evitar ser «cómplice» de una acción que pueda tener consecuencias penales por ilegal.

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