08 de diciembre de 2018
08.12.2018
Foro XXI

La difícil reforma constitucional

08.12.2018 | 12:30

El pasado jueves fue el 40 aniversario de la Constitución Española. De modo similar a como sucede en todos los "cumples" de la CE nuevamente se vuelve a hablar de su modificación. El líder del PP, Pablo Casado, en una entrevista a El País, al ser preguntado sobre la posibilidad de su reforma se cerró en banda al decir que «no es el momento de abrir en canal nuestra Ley fundamental». Como quiera que para reformar la constitución es necesaria una mayoría de tres quintos de cada una de sus cámaras, lo cual hace prácticamente imposible una reforma de la misma sin contar con el consenso del PP, puesto que en el Congreso hay que contar con el acuerdo como mínimo de al menos 210 diputados sobre 350.

De manera que de momento nos tendremos que conformar con las dos reformas que se le han efectuado a nuestra querida Constitución: una para que todos los ciudadanos europeos puedan votar y ser elegidos en España en las elecciones municipales y la otra, para el pacto fiscal europeo. La primera se adoptó en 1992 y fue una medida para adecuar nuestra legislación al Tratado de Maastrich y no sólo no provocó rechazo, sino que fue aplaudida por gran parte de la población (especialmente porque la xenofobia todavía no había empezado a inocularse en el cuerpo social español). La segunda reforma, generó gran cantidad de críticas porque consistió en la reforma exprés del art. 135 CE para priorizar la estabilidad presupuestaria ante el gasto social.

En España se ha sacralizado la Constitución hasta el punto que incluso las reformas no demasiado problemáticas, como la reforma del Senado, la adaptación de muchos artículos al hecho de que ya formamos parte de la Unión Europea (desde el lejano año de 1986) o la supresión de la preferencia del varón sobre la mujer para heredar la Corona€terminan por frenarse por falta de pragmatismo de los partidos políticos, que prefieren esperar a otro momento para realizar modificaciones de mayor calado. Entre estas reformas que son de muy difícil resolución, por falta de consenso, como sucede con el modelo de organización territorial del Estado. Desde el PSOE se había llegado a plantear una reforma del sistema autonómico para acercarlo a un modelo territorial de tipo federal, lo que contó con la oposición frontal del PP. Esta asignatura pendiente, en mi opinión se ha vuelto imposible desde que se inició la cuestión catalana, y si finalmente en las próximas elecciones generales VOX consiguiera escaños en las Cortes, la reforma que de la cuestión territorial se situaría en las antípodas del federalismo, al proponer la recentralización del Estado con la supresión de las autonomías.

Así pues en breve podemos encontrarnos en el Congreso con partidos dotados de una voracidad insaciable a la hora de reclamar competencias estatales para sus autonomías, como los nacionalistas, a otros cuyo objetivo es la recentralización del Estado y la recuperación de competencias para éste como son las de Educación y Sanidad. Otra reforma interesante-pero también imposible de acometer en estos momentos de convulsión política- sería el de la renovación del Tribunal Constitucional o el del Consejo del Poder Judicial, en no solo habría que cambiar el modelo de acceso a los mismos sino establecer el cese automático de todos estos nombramientos al terminar su mandato. De esta forma carecerían de sentido todas las maniobras dilatorias que en estos últimos años ha venido realizando el PP para evitar nuevos nombramientos y que los magistrados conservadores propuestos por los populares se perpetúen en sus cargos.

Otra de las reformas pendientes es la de la limitación de los aforamientos de los miembros del Ejecutivo, diputados y Senadores. El gobierno del PSOE que está plenamente por la labor ya se ha encontrado con la oposición del Grupo Parlamentario de Podemos que solo la apoyará si esta reforma se aprueba por referendum.

Finalmente, está la proposición de ley aprobada el mes pasado por las Les Corts Valencianes, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios excepto Ciudadanos, para que se reforme la a disposición adicional segunda de la Constitución y se permita la reactivación de la competencia para legislar en materia de Derecho civil valenciano. En este foro ya hemos comentado en varias ocasiones como de manera absolutamente injusta el Tribunal Constitucional ha privado de competencia legislativa a una autonomía como la nuestra que durante los casi quinientos años siguientes a la muerte de Jaume I tuvo la legislación civil más avanzada y completa de todos los reinos de España. Esta reforma, por tratarse de una cuestión que solamente afecta a una autonomía debería de poder ser aprobada sin ningún tipo de dificultad como sucedería en otros países como Holanda o Alemania donde sus constituciones se han reformado en numerosas ocasiones sin que ello suponga ningún drama nacional como así sucede en el caso de España cada vez que se propone algún tipo de reforma. Este próximo martes a las 12 horas tendrá lugar en el Congreso de los Diputados una conferencia reivindicativa tanto de la reforma de nuestro Estatut para reivindicar las inversiones estatales atendiendo al criterio poblacional valenciano como en favor de la recuperación del Derecho civil valenciano.

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