Las medidas impulsadas por el Gobierno a principios de esta década con motivo de la crisis económica introdujeron en el corpus legislativo exigencias en diversos ámbitos y condicionaron sobremanera la autonomía de las corporaciones locales. La Ley de Estabilidad Financiera establecía prioridades de pago de la deuda con las entidades financieras sobre otros aspectos, condicionaba los gastos de los remanentes e impulsaba un control estricto sobre aquellos ayuntamientos que no pudieran justificar que sus ingresos serían mayores que sus gastos presentes y sobre todo futuros.
Por regla general, el Ministerio de Hacienda estableció parámetros de control financiero sobre el porcentaje de deuda, los días en los que se pagaba a los proveedores y la provisión adecuada de ingresos respecto a los gastos.
Así, en cuanto al pago a proveedores, tras una sentencia del Tribunal Supremo, dos Reales Decretos y una actualización legislativa, la última en abril de 2018 con la nueva Ley de Contratos del sector Públco, el Ministerio de Hacienda ha establecido que las administraciones locales disponen de 30 días naturales para confirmar la factura y 30 días para efectuar el pago a los proveedores. Es decir, que los ayuntamientos y entidades locales tienen un margen legal de 60 días naturales para efectuar el pago por un servicio.
Ese periodo de tiempo empieza a contar desde la aprobación de una certificación de obra, desde la conformidad de los trabajos o servicios realizados o desde el resgistro informático de la factura. En este sentido, se calculan dos parámetros que dilatan el tiempo para pagar en 60 días; es decir, las adminstraciones tienen 30 días para confirmar el pago y los servicios con la empresa y 30 días más desde esa confirmación.
Con estos datos, la media de las administraciones locales a nivel estatal se situó en el mes de octubre de 2018 en 67, 33 días, más de una semana fuera de plazo. En la media influyen los consistorios que realizan mal sus gestiones y superan con creces el plazo y aquellos que cumplen, por lo que se debe ir al detalle para analizar qué hace cada ayuntamiento concreto.
Así, en la provincia de Castelló, el municipio que más tarde paga a sus proveedores es Sorita (Els Ports) con una media de 837,5 días y que ha empeorado en el último trimestre incrementando su demora casi 50 días. De cerca le sigue el Ayuntamiento de Villores, también en Els Ports, aunque cabe apuntar que estos municipios son poco representativos ya que suman poco más de 300 habitantes entre ambos.
De las localidades con más entidad que inclumplen claramente el periodo medio de pago a proveedores se encuentran Altura, (386,29), Morella (165,49), Vilafamés (113,39) y la Vall d'Uixó (74,27).
Al respecto, el alcalde de Altura, Miguel López indica que el municipio acumula deuda atrasada de 2012 y 2013 con facturas que están pendientes de aplicación presupuestaria y de regularización y que condicionan el periodo medio de pago. López apunta que desde 2015 se está reduciendo la deuda, que era dos veces superior al presupuesto y espera que acabar el año con índices sobre el 150% de deuda. Informa: A. M.
Nules
Esta semana ha estado de actualidad el caso de Nules, con una previsión de gasto de más de 800.000 euros de la que el anterior Interventor no avisó ni al Ministerio de Hacienda ni a los responsables políticos. En el caso del periodo medio de pago a proveedores, el alcalde y concejal de Hacienda, David García, matizó respecto al aumento en su municipio de 19 a 37 días en un trimestre que «la causa se debe a que se han realizado diversas partidas sin previsión presupuestaria, y hay partidas que se han quedado cortas». Así mismo, aseguró que no afecta al Plan Económico Financiero dado que «este no trata temas del tiempo de pago de las facturas, sino la viabilidad económica del consistorio, así que no afecta en absoluto». No obstante, el primer edil sí que apuntó que desde el consistorio «vamos a trabajar por disminuir ese período de pago a proveedores». Informa: J. P.
En el otro lado se encuentra el municipio de Alcalà de Xivert-Alcossebre, con un periodo medio de 3,91 días en el tercer trimestre de 2018. Desde el consistorio indicaron que se debe «a la buena gestión económica que ha conseguido asegurar su solvencia y dar credibilidad a los proveedores, reduciendo el periodo medio de pago». Informa: Á. S.
