La Ley de Memoria Histórica se aprobó a finales del año 2007 y a día de hoy, más de diez años después de esa aprobación, la retirada de la Cruz de los Caídos situada en el Parque Ribalta de Castelló sigue rigiendo la gestión municipal. En estos momentos, el Ayuntamiento de Castelló ya maneja cifras sobre el coste que supondrá tanto la retirada del monumento como su sustitución por una zona ajardinada. El presupuesto de cada uno de los dos proyectos necesarios para trasladar el resto franquista a otra ubicación rondará los 40.000 euros. Las previsiones que maneja el consistorio sitúan la retirada de la Cruz antes de mayo del 2019.

Sin embargo, durante el camino se ha encontrado a Abogados Cristianos quien está luchando por paralizar todo el proceso de retirada de la Cruz. El acuerdo por pleno a finales de noviembre ha motivado la posible presentación de una demanda contra esta actuación y el objetivo de la asociación es paralizar la retirada de la cruz y evitar un hecho como el ocurrido en la Vall d'Uixó, cuando a principios del pasado mes de junio comenzó la retirada de la Cruz de los Caídos, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno de España en 2007 y la Ley Valenciana de Memoria Democrática y para la Convivencia aprobada por la Generalitat Valenciana en 2017. En este caso Abogados Cristianos ha presentado una querella en contra de la alcaldesa de la Vall d'Uixó, Tania Baños por ordenar el derribo de la Cruz.

La retirada de estas dos cruces está siendo fruto de la polémica desde hace varios meses sin embargo, hace ahora 30 años, el municipio de Borriana marcó un precedente legal en la retirada de la Cruz de los Caídos.

Fue el 18 de diciembre de 1987 cuando el grupo socialista, liderado por el alcalde Juan Sanchordi Pitarch presentó una moción al pleno que planteaba tres acuerdos para eliminar elementos de la época franquista que permanecían en el municipio. El primero de ellos era la sustitución del escudo preconstitucional que había en el consistorio, y el cual desapareció cuando se derribó el ayuntamiento a principios de los años 90. También se instó a eliminar el escudo que había en el edificio de Correos y, por último, el derribo de la Cruz de los Caídos, situada en el Jardín del Beso. La eliminación de la cruz fue impulsada por el deterioro que presentaba y por ser un símbolo del franquismo. La moción se aprobó en enero de 1988 con los votos favorables del PSOE y UPV, la abstención del CDS, y los votos en contra de los concejales de Alianza Popular, que lideraba Rafael Usó. Al igual que se hizo en otros municipios, los populares pedían que se eliminara la inscripción que hacía referencia al régimen franquista y así evitar su demolición. Alianza Popular presentó entonces un recurso de reposición en febrero de 1988 defendiendo que no había un informe técnico que avalara el deterioro de la Cruz. Sin embargo, el recurso fue rechazado por el PSOE y el 5 de abril de 1988 fue retirada la Cruz de los Caídos. El popular José Ramón Calpe recuerda que «fue un poco vergonzante y clandestino porque se hizo de madrugada y sin avisar».

Un acuerdo nulo

Tras el derribo, Alianza Popular siguió recurriendo y presentó un Recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que, finalmente les dio la razón y el 11 de Abril de 1991 decretó que el acuerdo que facilitó el derribo fue nulo. Los socialistas recurrieron entonces al Supremo pero ya en el año 1996 y con el Partido Popular al frente del Ayuntamiento de Borriana, el Supremo ratificó la sentencia que declaraba nulo el acuerdo del pleno. Finalmente, en 1999 el TSJCV cerró el tema declarando que ya no era posible ir más allá de la declaración de nulidad, puesto que era irreversible la demolición del bien protegido.

En esos días, José Ramón Calpe era concejal del equipo de gobierno popular liderado por Alfonso Ferrada y como recuerda, «hicimos un escrito al tribunal preguntando cómo había que ejecutar una sentencia que declaraba nulo el acuerdo de demolición de la cruz si la cruz ya no existía, y por tanto qué virtualidad tenía eso». Finalmente, como sigue explicando Calpe, «el tribunal dictó que no se podía ejecutar la sentencia porque era imposible y ahí se acabó la cosa». «Teóricamente cuando eso pasa está la opción que aquel que ha obtenido la sentencia favorable pero que la administración ya no pude cumplirla, puede pedir un resarcimiento económico que sería la manera de compensarle que ese derecho que se le ha reconocido no pueda ahora ser ejecutado. En nuestro caso, Alianza Popular ya no existía y estaba el Partido Popular y nosotros no pedimos nada y ahí se acabó la cosa», añade el que fue alcalde de Borriana del 2007 al 2015.

En cuanto al porqué el tribunal declaró nulo el derribo, Calpe comenta que «fue más una cuestión de forma que de fondo. No se habían seguido los trámites adecuados para deshacerse de un bien que era patrimonio municipal» e incide en que «la sentencia no cuestionaba que el acuerdo se hubiera podido adoptar sino que no se adoptó correctamente» y por eso se decretó nulo el acuerdo del derribo.

Tras ello, los populares no quisieron seguir con el tema y hasta ahora ha habido poca polémica entorno al derribo, «alguna vez cuando en algún debate político nos decían que no seguíamos con el procedimiento recordábamos que 'quien está condenado por no haber seguido el procedimiento es el ayuntamiento que llevaban ustedes'». Calpe añade que «antes eran un poco más pacíficos y no recuerdo que haya habido tensiones importantes por el derribo de la Cruz, o al menos yo no las he detectado».

Escudo en la fachada de Correos

En cuanto al acuerdo del pleno de 1988 en el Ayuntamiento de Borriana, el mismo también incidía en la supresión del escudo franquista instalado en la fachada de Correos, «pero ello no se hizo y no se ha suprimido», recuerda Calpe quien comenta que «ya con el gobierno de Zapatero se puso encima del escudo esculpido en la fachada una placa metálica con el logotipo actual de Correos y no ha hecho desaparecer el escudo. Se ha eliminado solo visiblemente». Por tanto, la capital de la Plana Baixa continúa teniendo un vestigio franquista, aunque no sea invisible para los viandantes.