El futuro de Ali Brancal como vicealcaldesa está en sus propias manos o en el de sus socios de gobierno del PSPV, no hay otro escenario posible tras semanas de debate sobre si, en aplicación del estricto Código de Buen Gobierno que aprobó la corporación municipal de 2015, la concejala de Compromís debe renunciar a sus cargos al estar investigada en un juzgado por presunta malversación de caudales públicos. Y todo se sabrá en apenas 48 horas, quizás menos, ya que para este jueves se ha convocado una Comisión de Transparencia y Buen Gobierno definitiva, que deberá emitir un dictamen y elevar al pleno del 20 de diciembre si Brancal debe seguir siendo o no vicealcaldesa.
La solución, pues, tiene dos vertientes. La primera, la de la propia Brancal, que tras semanas de presión política podría dar el paso y renunciar a sus cargos -que no a su acta de edil- hasta que se resuelva el procedimiento judicial. Sería la situación que desea, sin duda, el Partido Socialista, porque de cara a la opinión pública eludiría una confrontación con sus socios de gobierno a escasos meses para las elecciones municipales, siempre claro que la decisión de PSPV fuese amparar su cese, ya fuese con su voto a favor o sencillamente con su abstención.
Ali Brancal ha tenido desde el inicio el apoyo de Compromís, avalado en asamblea, aunque las grietas han ido apareciendo durante los últimos días entre alguna de las sensibilidades de la coalición. El Bloc sigue firme en su defensa, pero algunos miembros de Iniciativa ya analizan el perjuicio a la marca.
La postura de la alcaldesa
La segunda rama de la solución final recae sobre el PSPV, sobre todo tras quedar patente, a priori, que Castelló en Moviment parece dispuesto a no aplicar el Código de Buen Gobierno al considerar que tras la investigación a la vicealcaldesa hay una campaña política de descrédito del PP. La alcaldesa, la socialista Amparo Marco, ha sido muy clara en algunas de sus comparecencias públicas al insistir en que, si el caso de Brancal afectase a algún edil socialista, «sabría lo que tengo que hacer», dejando claro implícitamente que le cesaría de sus cargos de gobierno.
Es por ello que, a priori, se apuntaría a una postura de los socialistas favorable a la retirada de la confianza sobre la vicealcaldesa mientras esté activo el procedimiento judicial, si bien fuentes del partido insistían ayer en que aún debe haber una reunión de grupo para analizar toda la documentación que se ha reunido hasta la fecha para decidir qué hacer. Y el tiempo apremia, porque será pasado mañana cuando tengan que desvelar su jugada, si es que antes no se suceden los acontecimientos.
La comisión del jueves, notificada ayer por su presidente, Ignasi Garcia, llevará a votación un punto único, que es elevar al pleno si se «aplica a la señora vicealcaldesa el Código de Buen Gobierno» y, en consecuencia, «adoptar las medidas preventivas previstas en el Anexo I, acuerdo segundo, puntos 1,2 y 5, instando a los órganos competentes municipales competentes para la ejecución del presente acuerdo». El citado punto 1 recoge que «el concejal/concejala sera apartado de toda representación que ostente en cualquier órgano colegiado de gobierno...». El punto 2, por su parte, contempla la «revocación inmediata» de las delegaciones de gobierno que ostente, mientras que el 5 se refiere a la lógica disminución de sus retribuciones al dejar de desempeñar funciones de gobierno.
Los votos de la comisión
La comisión tiene 7 votos: 2 del PSPV, 2 del PP y 1 respectivamente de Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment. PP y Ciudadanos, que suman 3, piden la 'cabeza' de la vicealcaldesa, mientras que Compromís y CseM, con 2 votos, la defienden. Por ello, las miradas se dirigen a los dos representantes socialistas, Antonio Lorenzo y Mª Carmen Ribera, que podrían abstenerse y marcar el futuro de Ali Brancal. De todas formas, la votación de esta comisión no impedirá que el dictamen se eleve al pleno para su definitivo debate, donde ya sí serían determinantes los votos de los 27 concejales, aunque con el mismo panorama de fondo: la postura de los ocho representantes socialistas.
