12 de diciembre de 2018
12.12.2018
Memoria histórica

Castelló exige a Gobierno y Consell que inviertan en las exhumaciones

El ayuntamiento presupuestará 15.000 euros para una segunda campaña en el cementerio en 2019

12.12.2018 | 01:03
De izquierda a derecha, Juan Luis Porcar, Verònica Ruiz, Miguel Mezquida y Sheila Sancho.

Dos semanas de trabajo han dado para mucho, pero sobre todo para dar una esperanza a 13 familias que buscan recuperar la dignidad de sus padres, tíos y abuelos, que fueron fusilados durante la dictadura franquista en el cauce de río Seco, junto a un cementerio en el que están los 530 represaliados que fueron sepultados en la fosa del área civil del camposanto castellonense. Es hora de hacer balance, satisfactorio sin duda para los responsables de la empresa ArqueoAntro, representados ayer por Miguel Mezquida y Sheyla Sancho quienes, junto a la concejala de Cultura, Verónica Ruiz, y los representantes de l Grupo per la Recerca de la Memòria Històrica, Juan Luis Porcar, Maribel Peris y Queta Ródenas, analizaron al detalle el trabajo desarrollado. Pero también es hora de las reivindicaciones, como la de la propia Verònica Ruiz, que recordó que hay una Ley que cumplir y reclamó por ello al Gobierno que cree líneas presupuestarias en los municipios para hacer estos trabajos y a la Conselleria que se «dé prisa» con las ayudas.

Los trabajos de exhumación de esta primera fase empezaron con el objetivo de localizar e identificar a tres personas: Rafael Prades, fusilado el 21 de agosto de 1939; Eduardo Ferreres, el 24 de enero de 1940, y José Monfort, fusilado el 30 de mayo de 1941, pero acabó con la exhumación definitiva de un total de 13 cuerpos. Pese a este notable aumento de restos recuperados, para lo que había un presupuesto de 15.000 euros, la concejala adelantó ayer que el ayuntamiento asumirá los análisis de ADN de los 13 cuerpos. Así, será esta misma semana cuando Miguel Mezquida traslade los restos a la Universidad Complutense de Madrid, donde se realizarán los complicados trabajos de identificación, que probablemente se alarguen durante un año. Sobre el coste que supone cotejar el ADN, estimado en unos 500 euros cada análisis, Verònica Ruiz adelantó que saldrá de las cuentas municipales, pero de una partida distinta a la de los 15.000 euros. Asimismo, la concejala adelantó que ya se esta trabajando en poner en marcha la segunda fase de exhumaciones para 2019, que contará con un presupuesto similar a la de la primera, aunque sin determinar aún los cuerpos que podrían exhumarse.

Por lo que respecta a la fase inicial, en la primera intervención, que corresponde a Rafael Prades, se encontraron 5 cuerpos, dos de ellos en cajas de reducción más dos cuerpos más junto a Rafael. En la segunda, donde se situaba Eduardo Ferreres, se exhumaron hasta 4 cuerpos, y en la tercera y última, en la referente a José Monfort, se exhumaron 4 cuerpos más; en total 10 cuerpos más de los que estaban previstos. De todos ellos se han conseguido 10 muestras de ADN para poder compararlas con los restos encontrados y desde Grup per Recerca de la Memòria Històrica están buscando a los familiares del resto de cuerpos exhumados para poder identificarlos y «poderles dar una sepultura digna» , remarcó la concejala de Cultura.

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