La patronal catalana de Cecot ha enviado una carta a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que insta a reintegrar a los consumidores de gas las cantidades cobradas vinculadas a la indemnización del almacén de gas de Castor.
Cecot presentó cuatro recursos judiciales contra las órdenes de pago del sistema gasístico ligadas a Castor de los recibos de 2014, 2015, 2016 y 2017. El Tribunal Supremo le ha dado de momento la razón en las dos primeras demandas, que abarcan una cuantía de 18 y 100 millones respectivamente. Las dos pendientes se resolverán, según fuentes de la patronal en verano y, si también salen adelante, la cantidad a devolver ascenderá a los 200 millones de euros.
La organización empresarial remitió a la ministra una misiva tras conocerse la primera resolución en el mes de noviembre, de 18 millones. En la misma le pregunta por el procedimiento que seguirá para que los consumidores recuperen el importe repercutido en sus facturas en la orden de 2014 que se aplicó en 2015, y cuándo se hará efectiva dicha devolución.
Ahora esperara a la respuesta para decidir si remite una segunda tras notificarse la segunda sentencia. Según Cecot, el Gobierno dispone de dos meses para reintegrar los 118 millones los consumidores de gas de 2015 y 2015.
La Cecot inició en 2015, junto a otras organizaciones empresariales como el consejo Intertextil Español y el centre metal·lúrgic, con el respaldo de Fepime, un plan de acción «destinado a evitar que los consumidores de gas, y en especial las empresas del sector industrial, tuvieran que asumir el coste de la compensación a la empresa constructora y concesionaria del almacén gasístico Castor que no se ha llegado a poner en marcha», según fuentes de la entidad, que recuerdan que la cuantía de la compensación es de 1.350 millones de euros «que los consumidores de gas están abonando en su factura del gas y que seguirán pagando en los próximos 30 años, fruto de lo que la Cecot considera una mala gestión del Estado».
La patronal añade que a finales de abril del 2015 la Eurocámara instó a la Comisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones a que tomaran medidas «con el fin de evitar que los ciudadanos españoles tuvieran que abonar los 1.350 millones de euros en compensaciones por un proyecto precedido de una evaluación desastrosa». En 2017, continúan las mismas fuentes, el Tribunal Constitucional avaló la decisión de la Eurocámara, «hecho que ha que constituido un apoyo a las demandas de impugnación de las distintas órdenes ministeriales publicadas a partir del Real Decreto-ley 13/2014 por parte de la Cecot en el Tribunal Constitucional». «Consideramos que Castor constituye una inversión fallida, en la que prevaleció la construcción de la infraestructura por encima de su viabilidad», remarcan los empresarios.
