La presión contra el Estado para que asuma los más de 60 millones de euros de la construcción, puesta en marcha y mantenimiento de la desaladoras aumentan. El último apoyo a esta exigencia viene desde Les Corts, cuya comisión de Infraestructuras aprobó ayer una proposición no de ley (PNL) que exime al ayuntamiento de ese pago, al que se comprometió hace más de una década vía convenio con Aguas de las Cuencias Mediterráneas (Acuamed).

Transcurrido ese tiempo y con la planta completamente operativa, las instalaciones siguen sin producir agua, pese al interés mostrado por algunas empresas en el entorno de las instalaciones, ya que ese paso obligaría los municipios a proveer forndos para la amortización de esta desalinizadora, que se proyectó en un horizonte de crecimiento industrial y poblacional que se ha quedado muy lejos de cumplirse.

Esta PNL, planteada en un principio para las instalaciones de Xilxes-Moncofa y Orpesa-Cabanes, a las que se añadió Sagunt tras una enmienda del PP, insta al Ministerio de Transición Ecológica a que asuma el coste total de las plantas, a que las incorpore al sistema general de la Confederación Hidrográfica del Júcar, a que asuma la devolución de los fondos europeos si no empiezan a producir agua antes de marzo del año que viene y a que cumpla estos requerimientos en el plazo de seis meses.

La iniciativa se suma a las ya impulsadas por los consistorios de Orpesa, Xilxes y Nules, así como por la diputación.