La destitución de la vicealcaldesa de Castelló, Ali Brancal [si antes ésta no presenta su renuncia], de Compromís, queda en manos del pleno de la corporación. La Comisión de Gobierno Abierto y de Participación ha acordado este mediodía trasladar a la sesión plenaria del próximo jueves, día 20, el dictamente que recoge la aplicación del Código del Buen Gobierno del Ayuntameinto a la edila de la coalición nacionalista inmersa en una causa judicial en calidad de investigada [antes imputada] y que acarreará su destitución en los cargos que ocupa en la corporación, excepto el del acta de concejal.

La votación en el seno de la comisión ha dejado patente la diferencia de criterio en este tema de calado entre los dos socios del gobierno local, PSPV y Compromís. Los primeros han votado a favor del dictamen, junto con los representantes del PP y Ciudadanos. Mientras, el presidente de la comisión y firmante del dictamente, Ignasi Garcia, de Compromís, ha votado en contra, al igual que el edil de Castelló y Moviment (CseM), Inñaki Vallejo, formación que también sustenta al gobierno local, aunque sin formar parte del ejecutivo, en calidad de firmante del Acord del Grau.

El portavoz del PSPV en la comisión, Antoni Lorenzo, ha señalado que su grupo ha dado el respaldo al dictamente por contar con los informes jurídicos a favor y ha precisado que la última palabra sobre el cese o no de la vicealcaldesa queda en manos de pleno. No obstante, Lorenzo ha apuntado que su grupo baraja la opción de la abstención en el pleno, extremo que también abocaría a la destitución de Ali Brancal. “Hoy hemos votado sí a elevar el dictamen al pleno. Pero esto no condiciona nuestro voto en la sesión plenaria”, ha dicho. “Aunque tenemos que seguir reflexionando al respecto, en los últimos días hemos estado hablando de una posible abstención”, ha añadido.

Mientras, Ignasi Garcia ha indicado que lo que se votará en el próximo pleno será “la línea ética” del Ayuntamiento. Garcia ha justificado su rechazo al dictamen porque, a su jucio, pervierte el Código del Buen Gobierno del Ayuntamiento que, según él, habla de “imputación formal”, es decir, cuando haya un auto de procesamiento por parte del juez instructor. En la misma línea se ha expresado el edil de CseM, Iñaki Vallejo.

García, no obstante, ha puesto sobre el tapete las primeras fricciones de calado con los socialistas sobre este tema y ha acusado a la alcaldesa, Amparo Marco, de cambiar de criterio sobre si Brancal debe ser destituida o no en relación la postura que matuvo [la primera edil] en el pleno del pasado mes de julio, a los pocos días de la declaración de Brancal, como investigada por un supusto delito de malversación ante el instructor, el titular del Juzgado número 2 de Castelló. La investigación comenzó a raíz de una querella presentada por el Grupo Municipal Popular que mantiene que la edil de Compromís, junto al también entonces concejal de esta formación y actual secretario Autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, enviaron propganda electoral del partido desde el servicio postal municipal.

Garcia no ha cerrado la puerta a una posible dimisión de Brancal antes del pleno del próximo jueves, aunque ha calificado esta posibilidad “como muy poco probable”.