José Palacios, vicepresidente de la Federación Empresarial de Hostelería de la Comunitat Valenciana, asegura que bares, restaurantes y cafeterías, «no ven con buenos ojos» la normativa que recoge la obligación de ofrecer agua del grifo gratis a los clientes. La ley de residuos sólidos y economía circular que tramitan las Corts, a instancias de Podemos-Podem, desarrolla una iniciativa por la que ya apuestan ciudades como París, Praga, o San Sebastián. Palacios, sin embargo, la ve «innecesaria». «Es algo que ya estamos haciendo de forma natural, por eso estamos en contra, porque aquí no se deniega el agua a nadie», asegura. Adelanta que presentarán alegaciones a la normativa para cuando entre en la fase parlamentaria y reclamarán, a cambio, que desde la administración y los entes públicos se promuevan medidas para mejorar el agua de la red pública y se consensúen los proyectos.
«Lo de obligar ya no se lleva», asegura Palacios, quien incide en que en los temas de defensa del medio ambiente «colaborarán» con la Generalitat Valenciana. «En ese punto nos vamos a encontrar, así como en la reducción del plástico y en el reciclado, pero obligarnos a servir agua del grifo no tiene ningún sentido, porque no tiene demanda tampoco», defiende. «El agua de la provincia de Valencia no es la de Madrid, donde es espectacular. En sitios como Cullera o Gandia ni siquiera es recomendable beber la potable, por su exceso de nitritos», argumenta Palacios, que también es presidente de los restaurantes de Valencia.
Palacios defiende que en la Comunitat Valenciana se está a la cola del gasto turístico y que este tipo de «ocurrencias», como lo califica, «no son entendibles, y no aportan tampoco un plus de calidad». En cuanto a las cuestiones de reducir los envases de plástico, Palacios asegura que en sus establecimientos ha apostado por el vidrio, y que en todo caso, lo que reclaman es que desde la administración «se sienten a negociar con los sectores implicados». «Nos encantaría que nos llamaran para analizarlo», reitera Palacios.
La nueva ley, entre las quince prioritarias fijadas por el Botànic para esta legislatura, va en consonancia con lo que reclama la Unión Europea de prevención de envases o el uso de reutilizables. Además, la administración se obliga a sí misma a instalar fuentes de agua potable o a su suministro en envases reutilizables en los espacios públicos, sin perjuicio de que en los centros sanitarios y hospitalarios se permita la comercialización en envases de un solo uso.
2.500 ?, coste de la osmosis
Por su parte, fuentes del sector hostelero de Castelló muestran su sorpresa por esta propuesta contemplada en la ley de residuos sólidos y de economía circular de la Generalitat Valenciana. Apuntan que en principio «parece una idea bonita» pero se preguntan quién financiaría el coste adicional que supondrá la instalación en cada local de tratamientos de osmosis del agua, unos aparatos que reducen la presencia de cala. Afirman que cada uno de estos sistemas tiene un precio cercano a los 3.000 euros.
