El Ayuntamiento de Castelló ha iniciado la cuenta atrás para remover la Cruz de los Caídos del parque Ribalta en cumplimiento de la ley de la memoria histórica. Será la segunda que se retira de la provincia tras la de la Vall d'Uixó en junio. Abogados Cristianos protagoniza un litigio con el consistorio de la Vall y prepara acciones legales contra el de Castelló. Eduardo Ranz, asesor del Ministerio de Justicia, sostiene que la legislación es clara al respecto y recalca que la ley de memoria histórica determina que las cruces de los caídos «son una exaltación del franquismo y deben ser retiradas» y no son una referencia cristiana.
El experto del departamento que dirige Dolores Delegado impartirá hoy una conferencia sobre «vestigios franquistas y su marco jurídico» en unas jornadas en Castelló organizadas por el Grup de Recerca de la Memòria Histórica. En declaraciones a este diario, subraya que el expediente iniciado por el ejecutivo local de Castelló es una muestra de que la Cruz de Ribalta es un símbolo que glorifica el antiguo régimen.
El Partido Popular y Ciudadanos se oponen a la remoción de la Cruz alegando que el pleno municipal la resignificó en 1979 eliminando las referencias franquistas y convirtiéndola en un homenaje a todas las víctimas. El asesor de Justicia considera que estos monumentos que se erigieron en la dictadura mantienen su significado primigenio y responde a los contrarios a la retirada de la Cruz de Ribalta que si visitaran «una fosa» con represaliados republicanos «su planteamiento ante la simbología cambiaría». Reitera que solo pueden conservarse, de acuerdo a la ley, aquellos elementos cuyo traslado pudiera poner en peligro, por ejemplo, la conservación de un edificio.
Asimismo, añade que las cruces de los caídos son de titularidad municipal y no canónica por lo que no dependen, remarca, de la Iglesia.
Su opinión coincide con el informe elaborado por el comité de expertos constituido por la Conselleria de Justicia y Reformas Democráticas. Este dictamen asegura, que, a pesar del cambio de lema en 1979, la estructura de Ribalta es un vestigio de la dictadura. Entre otros argumentos, esgrime que se erigió por acuerdo del ayuntamiento en 1944 dedicándose a los «caídos por Dios y por España», por lo que su origen, manifiesta el documento, «fue un monumento de exaltación de la Guerra Civil y de la dictadura». Asimismo, asevera que en la actualidad continúa como «un punto de concentración» para homenajear el franquismo en «fechas concretas». Por último, agrega que carece de valor artístico y que se trata «de un añadido artificial a un parque con una clara disposición de mediados del siglo XIX».
La Justicia ya ha dado la razón al Ayuntamiento de Callosa de Segura en la retirada de su cruz y ha resuelto que no supone una discriminación religiosa al representar un monumento levantado solo para reconocer a un bando de la Guerra Civil.
Ranz también abordará el marco legal existente en cuanto al callejero, placas y nombres de municipios vinculados a la dictadura.
En este último caso, el pleno local de Castelló, con los votos favorables de los partidos del Pacte del Grau, ha instado a eliminar todos los restos franquistas que permanecen en la ciudad, además de la Cruz.
Otro informe de la citada comisión de expertos de la Generalitat ha identificado en la capital de la Plana símbolos del régimen de Francisco Franco en el Hospital La Magdalena (un escudo preconstitucional), el IES Baptista Porcar (una huella del escudo del águila), la iglesia San Agustín (un grabado de la Falange) y en la Concatedral de Santa María (una inscripción).
