La Subdelegación del Gobierno de Castelló anunció ayer que el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad destinará 373.646,03 euros a los municipios de la provincia para las nuevas o ampliadas competencias reservadas a los ayuntamientos dentro del Pacto de Estado contra la violencia de género.

La subdelegada, Soledad Ten, explicó que «el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género prevé, por una parte, la recuperación de las competencias sobre violencia de género por los ayuntamientos, y por otra, la regulación de la distribución de los fondos destinados al cumplimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de género asignados a los ayuntamientos».

La distribución de los fondos se realizará mediante resolución de transferencia de la Secretaría de Estado de Igualdad. Los criterios de reparto serán los siguientes: una cantidad por municipio de 689 euros; y otra fija, en función del número de habitantes de derecho del municipio ( 0,18 euros por habitante empadronado).

El importe de la transferencia vendrá dado por la suma de las cuantías anteriormente señaladas. El remanente que exista después del anterior reparto se distribuirá proporcionalmente entre todos los municipios incorporados al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género a fecha 1 de julio del año al que corresponda la asignación del fondo.

La subdelegada del Gobierno comentó que «los ayuntamientos deberán destinar los fondos recibidos a la realización de proyectos o programas que tengan como finalidad el desarrollo de las medidas del Pacto de Estado en materia de violencia de género».

Entre otros proyectos, podrán llevarse a cabo: realización de campañas de sensibilización y prevención de cualquier forma de violencia contra las mujeres; elaboración de materiales para ofrecer información en materia de violencia contra la mujer; promover las Unidades de Apoyo en el ámbito local o Mesas de coordinación local o instrumentos de cooperación y coordinación similares; apoyar y contribuir al ejercicio de sus funciones por las Unidades de apoyo; reforzar los servicios municipales de atención e información a víctimas de violencia contra la mujer; y la realización de actuaciones encaminadas a la formación especializada de profesionales del ámbito local.