18 de diciembre de 2018
18.12.2018
La Vall d'Uixó

Aitor Iureta Oteiza no está en su nicho

La apertura de la celdilla confirma las sospechas de que el diputado Clavell ordenó simular un enterramiento cuando era alcalde

18.12.2018 | 00:05
Nicho número 46 que apareció ayer vacío.

Efectivamente y como auguraban las sospechas, el nicho que 'ocupaba' Aitor Iureta Oteiza en el cementerio de la Vall d'Uixó estaba vacío. La dedicatoria de la familia era falsa, el nombre era falso, la fecha era falsa. Ni tenía 82 años, ni murió el 11 de agosto de 2014. Se trata de una ópera bufa fúnebre. Bajo el nombre de Aitor Iureta Oteiza en el nicho número 46 solo descansaba un engaño urdido por parte del anterior gobierno del Partido Popular y por el anterior alcalde de la localidad y actual diputado en el Congreso, Óscar Clavell.

En el cementerio de la Vall d'Uixó (La Plana Baixa) las tumbas se asignan por orden de defunción, quedando así ligado el emplazamiento que ocupan los cadáveres al momento en que fallece la persona. El caso que ocupa hoy el papel es el de un nicho vacío al que se añadió una lápida falsa para cumplir con el orden, que corriera la lista y favorecer así el enterramiento de una persona con influencia sobre el anterior alcalde de la localidad y actual diputado.

En el día de ayer se procedió a la apertura de la citada celdilla, una vez finalizada una comisión de investigación municipal para averiguar los hechos y después de que el Juzgado de Instrucción Número 3 de Nules concluyera que lo sucedido no merecía «la calificación de arbitrariedad flagrante con la lesión de un derecho que merezca intervención penal», según el auto que archivó las diligencias de investigación.

El nicho, como se sospechaba, estaba vacío. Aunque hay más. Aitor Iureta Oteiza no existe. Al menos no para el Instituto Nacional de Estadística, que contestó a un requerimiento del Ayuntamiento de la Vall d'Uixó sobre este extremo asegurando que no constaba nadie con ese nombre en sus registros.

Secuencia de hechos

La fraudulenta asignación del nicho se realizó el año 2014 bajo el mandato de Óscar Clavell y con las firmas de la concejal Olga Salvador y la alcaldesa accidental Sara Gracia, ambas ejerciendo la función pública en aquel momento. Según aseguran familiares de la difunta que debía ocupar el nicho 46, y así queda reflejado en el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Nules, fue el mismo Óscar Clavell en persona quien acudió al velatorio de la difunta y allí escuchó las quejas de la familia con respecto al nicho que les había tocado y con el que no estaban contentos.

El trabajador del cementerio en aquel momento afirmó en su comparecencia ante la jueza como testigo haber recibido la orden del alcalde de «seguir las instrucciones de la funeraria», y que consistían en tapiar el nicho que no quería esta familia y enterrar a esta persona en el siguiente.

Según los hechos descritos por la jueza en la conclusión de sus diligencias de investigación, «ninguna duda existe de que no se acató la ordenanza en la asignación de nichos (...) si bien la orden directa de no seguir el orden establecido se deduce indiciariamente que vino del alcalde, Óscar Clavell».

Ante las instrucciones del primer edil, los trabajadores acataron las órdenes, pero la funcionaria que debía firmar el registro, no. Ésta se negó a firmar la orden de enterramiento y declaró tener plena conciencia de su ilegalidad, por lo que la firma en el caso de Aitor Iureta correspondió a la alcaldesa accidental, Sara Gracia. la firma se produjo el mismo día de que refleja en la lápida, el 11 de agosto de 2014 y el mismo día que Clavell delegó en ella y por una semana las funciones de alcaldía. Gracia era en aquel entonces la sexta teniente de alcalde de la localidad.

Tras las elecciones de mayo de 2015 el nuevo equipo de gobierno, formado por el PSPV, Esquerra Unida y Compromís, fue conocedor de los hechos, inició una comisión de investigación y puso el caso en conocimiento del Fiscal. Tanto la comisión como las diligencias de instrucción concluyeron en la simulación del enterramiento. Se trata de autorizaciones «sin lugar a dudas nulas de pleno derecho» para la juez, aunque asegura que «no alcanzan la gravedad grosera exigida».

La magistrada argumenta para archivar el caso que «al margen de la situación grotesca de la invención de un nombre falso de enterramiento en el nicho 46 para ocultar la irregularidad, entendiendo que el salto de un lugar de enterramiento a otro uno o dos puestos más abajo para comodidad de los familiares de un difunto frente a otro puede considerarse una corruptela o irregularidad sancionable administrativa y políticamente, pero sin que alcance la calificación de arbitrariedad flagrante que haya causado lesión de un derecho o interés colectivo que merezca la intervención de la jurisdicción penal».

El nicho 106

La misma situación se volvió a repetir en enero de 2015. Una familia se sentía agraviada con el orden y Óscar Clavell volvió a interceder para favorecer un nicho mejor a personas de su influencia. El alcalde pide a los trabajadores que alteren el orden, que acatan, pero la funcionaria que debe firmar la orden de enterramiento vuelve a negarse. En este caso es otra concejal la que firma, pero aquí no se simuló un enterramiento con una lápida falsa, sino que se cerró con argamasa la celdilla y se alteró el orden en el registro para enterrar a una persona fallecida en el nicho 107.

Ambos nichos quedarán a la venta por la disposición judicial del pasado año 2017, pero con un precio menor por ser de segundo uso, de unos 200 euros frente a los 1.000 que costaría si fuese de primer uso. El consistorio no emprenderá acciones legales contra los trabajadores al considerar que cumplían órdenes de sus responsables en aquel momento.

La actual concejal encargada del cementerio, Francesca Bartolomé, consideró una «burla a la ciudadanía cometida por Óscar Clavell» y tachó su actuación de «poco respetuosa». Bartolomé acusó también a Clavell de cometer «una falta de respeto muy grave al dar la orden a los trabajadores de no seguir la ordenanza» por unos presuntos «intereses electorales». Por su parte, el concejal socialista Jorge García manifestó que «estas actuaciones eran por las que el anterior gobierno veía al ayuntamiento como su chiringuito particular».

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