Compromís quemó ayer su penúltimo cartucho para impedir que el pleno del Ayuntamiento de Castelló certifique la más que probable destitución de la vicealcaldesa, Ali Brancal, en aplicación del Código de Buen Gobierno (CBG) municipal al estar investigada en un juzgado por una querella del PP. Los representantes de Compromís citaron ayer a sus compañeros de viaje en el Acord del Grau -PSPV y Castelló en Moviment- para aportarles nueva documentación que, a su juicio, debería ser suficiente para que ambas formaciones, en especial los socialistas, tengan «claro» que no cabe aplicar en este caso el citado CBG y, por lo tanto, no hay que pedir el cese de Ali Brancal.
Castelló en Moviment era fácil de convencer, entre otras cuestiones porque ya está convencido de que la vicealcaldesa debe seguir en su puesto, acusando al PP de una querella política con muchas dudas sobre su veracidad. Más difícil parece atraer a los socialistas, claves con sus votos para dirimir el futuro de Ali Brancal. Y es que la documentación aportada ayer por Compromís incide de nuevo en el debate sobre que solo ante una imputación formal de un juez o fiscal cabe pedir el cese de un concejal del consistorio.
El PSPV, de momento, se ha limitado a decir que estudiará la nueva documentación, centrada en un diccionario que elaboró la RAE junto al Consejo General del Poder Judicial en 2017, un artículo académico de Ángel Juanes Peces, que fue presidente de la Audiencia Nacional, hablando del concepto de imputado, y otro documento sobre modernización del lenguaje jurídico que contó en su día con la presencia de la actual consellera Gabriela Bravo.
Todos los papeles giran por ello en que Ali Brancal no esta imputada formalmente, por lo que debe «evidentemente» seguir como vicealcaldesa, añadiendo ademas desde Compromís que el Código de Buen Gobierno, pese a las interpretaciones que se está haciendo por otros partidos, no recoge que la vicealcaldesa deba dimitir por el mero hecho de que haya una querella.
Como se recordará, Ali Brancal y Enric Nomdedéu, secretario autonómico de Empleo, declararon el pasado 11 de julio en calidad de investigados, ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital de La Plana, por presunta malversación y falsedad vinculadas al supuesto envío de propaganda electoral para los comicios europeos de 2014 a través del servicio municipal de correos del Ayuntamiento. El problema añadido para Brancal fue que la Secretaria General del Pleno del Ayuntamiento de Castelló, a finales de octubre, emitió un informe jurídico en el que concluía que la vicealcaldesa está inmersa en un proceso judicial en calidad de investigada [antes imputada] por un supuesto delito de malversación, por lo que, en aplicación del Código del Buen Gobierno del consistorio, cabría la posibilidad de obligarle a renunciar a la vicealcaldía y quedarse como concejala sin delegaciones, interpretación que niegan desde Compromís.
En el pleno de mañana irá a debate un dictamen que recoge si hay que aplicar el Código de Buen Gobierno en el caso de Ali Brancal, lo que supondría instar a la alcaldesa, Amparo Marco, o en su defecto a la Junta de Gobierno a destituirla de sus cargos. PP y C's tienen claro su voto a favor del cese, mientras que CseM irá de la mano de Compromís. El PSPV, de momento, apuesta por la abstención, que supondría la destitución de la vicealcaldesa.
Tras la reunión de ayer, el portavoz socialista se comprometió a estudiar los nuevos documentos, aunque la respuesta deberá ser inmediata y parece poco probable que haya un giro de los acontecimientos. Ignasi Garcia, portavoz de Compromís, se mostró ayer «más optimista» que el lunes, aunque reconoció que «no sabemos si será suficiente».
Para Garcia, lo que se va a votar mañana en el pleno es si»queremos dibujar una línea ética para todos más restrictiva que la del Código de Buen Gobierno, que, insisto, solo habla de exigir responsabilidades cuando hay imputaciones formales». Por ello, considera que será una votación totalmente «política, no un tema jurídico ni judicial», por lo que alentó a sus socios del Pacte del Grau a «cerrar filas frente a la indecencia del PP».
