Contundentes, claras y sin interpretaciones de segundos. Las actas de las reuniones previas para la elaboración del Código de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Castelló son tan elocuentes que dejan sin argumentos a Compromís, señalan con el dedo al actual secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu y recogen que la alcaldesa, Amparo Marco, debía éticamente haber destituido, al menos desde el pasado 11 de julio -día en el que Ali Brancal fue a declarar al juzgado- a su vicealcaldesa.
Los documentos aportados por el PP echan por tierra cualquier estrategia de contraataque de Compromís, que durante todos estos días ha insistido en que solo ante una imputación formal de un juez o fiscal debería dejar sus cargos Ali Brancal. Ni el Código de Buen Gobierno lo recoge, ni las actas de los debates previos a su elaboración lo constatan.
Los documentos, presentados esta mañana por los concejales del Partido Popular Begoña Carrasco, Juan José Pérez Macián, Vicent sales y Carlos Feliu, dan luz al debate que hubo en el ayuntamiento desde que a finales de 2013 Esquerra Unida -con la edil Carme Carreras- y Compromís -con Enric Nomdedéu y Ali Brancal como representantes- presentaron un escrito para endurecer el Código de Buen Gobierno.
Más de treinta reuniones, tras la primera del 27 de enero de 2014, en la que se concretó el número de participantes en la comisión, han dejado actas significativas hasta la aprobación del Código de Buen Gobienro en abril de 2015. Una de ellas, por ejemplo, nos lleva a la reunión del 15 de septiembre de 2014, donde todos los grupos mostraron sus propuestas de inicio. Carme Carreras, de EU, pidió que el código recogiese "la dimisión cautelar de los cargos públicos en caso de imputación por delitos de corrupción política o urbanística". En términos similares se expresó el grupo socialista, representado por Amparo Marco, Josep Lluís Grau y Patricia Puerta, alentando a la "suspensión cautelar" en supuestos de imputación por casos de corrupción.
Pero quien sobresalía por su contundencia era Enric Nomdedéu, representante de Compromís, quien aseguraba que "lo que a su grupo le gustaría", y de hecho es lo que "han firmado ante notario" es "la dimisión inmediata de cargos públicos ante cualquier imputación", pero ante "la imposibilidad legal de forzarla", proponía "destituir de todo cargo representativo o competencias al imputado". El único que pedía menos contundencia era el PP, que presidía la comisión de la mano de Juan José Pérez Macián, ya que los populares insistían siempre en que solo se exigiese la dimisión de un concejal en el caso de apertura de juicio oral.
No lo vio así el grupo socialista, para quien existían dos periodos: la imputación, donde se le despojará de competencias al concejal, y la apertura de juicio oral, en la que se pedirá su acta y, en caso de no dimitir, se le expulsará del grupo municipal.
Las reuniones siguieron, y es especialmente significativa el acta que resume el debate de la comisión del 17 de noviembre de 2014, donde se centraron en el debate de cuándo debería dejar sus funciones el alcalde o alcaldesa de la ciudad -y por extensión cualquier concejal- en un caso de corrupción política.
Desde el PP, en boca de Juan José Pérez Macián, se volvió a incidir en que solo con la apertura de juicio oral debía llevar a la delegación de funciones, pero aquí le contestó Enric Nomdedéu, tal y como recoge el acta de la sesión, que "en la ultima sesión se acordó que la delegación se produciría en el momento de la imputación". No se habla pues de imputaciones formales de jueces y fiscales, como han defendido los últimos días los actuales representantes de Compromís.
Es más, como decía el propio Nomdedéu, su formación exigía la revocación de cargos desde "el momento de la imputación". En esta línea, el entonces portavoz de Compromís reflexionaba diciendo que "la medida que se pretende tomar de delegación de funciones, de hacerla a la apertura de juicio oral se estaría retrasando mucho la acción preventiva".
Finalmente, hubo una propuesta de texto consensuado: "Dichos acuerdos se adoptarán desde el momento en el que un miembro de la corporación municipal resulte imputado en casos de corrupción" por delitos políticos o urbanísticos.
Quedaba por determinar entonces "cuando considerar el momento de la imputación: si desde el momento de recibir la citación como imputado, tras la declaración o tras la decisión del juez" de mantener o no la imputación. Carmen Carreras, de EU, fue contundente al pedir que solo con recibir una citación judicial el cargo en cuestión debía apartarse. Amparo Marco, por parte del PSPV, opinó que "el momento de tomar medidas sería el día en el que se va a declarar al juzgado y al salir te dicen si ha resultado imputado o no", lo que trasladado a la actual situación de Ali Brancal supondría que la vicealcaldesa debía haber sido destituida desde el pasado 11 de julio. Y por si quedaban dudas, Enric Nomdedéu, según el acta de la comisión de ese 17 de noviembre de 2014, opinaba que "el momento de tomar las medidas es el momento de recibir la notificación".
Con todas estas actas en la mano, facilitadas esta mañana por el PP, para su portavoz, Begoña Carrasco, "no caben interpretaciones", apuntando que "la señora alcaldesa ya hace seis meses que debía haber destituido a su vicealcaldesa". Juan José Pérez Macián, por su parte, va más lejos al insistir en que en el pleno de esta tarde, donde se debate si Brancal debe renunciar a sus cargos, "el PSPV, viendo todo lo que dijo la alcaldesa en 2014, cómo va a poder votar algo distinto a favor de la destitución de la señora Brancal.
Para Carrasco, "hoy no ha ninguna línea roja no política que votar, como nos viene diciendo el señr Ignasi Garcia, hoy se ha de aplicar el código" sobre Ali Brancal. Es más, considera que, aunque Enric Nomdedéu no esta ya en el ayuntamiento, "viendo lo que defendió, debería dar un paso a atrás" y dimitir, recordando en este punto el edil popular Vicent Sales que "Nomdedéu dijo que había firmado ante notario que si era imputado como cargo público dimitiría".
