El pleno del Ayuntamiento de Castelló certificó ayer una crónica escrita hace días, pese a que desde Compromís no se haya querido leer ni asumir. El ayuntamiento dio luz verde al dictamen que insta a aplicar el Código de Buen Gobierno e iniciar los procedimientos para destituir a Ali Brancal como vicealcaldesa por su investigación judicial. La votación no deparó sorpresas: 12 votos a favor de activar el proceso (PP y Ciudadanos), 7 abstenciones (PSPV) y 8 en contra (Compromís y Castelló en Moviment).
La letra está clara, pero su aplicación práctica sigue asomándose a un camino tortuoso de final impredecible. Porque, pese a lo que pueda parecer, Ali Brancal, tras el pleno, ya dejó claro que va a seguir con su agenda como vicealcaldesa, manteniendo así su presión hacia la alcaldesa, la socialista Amparo Marco, y hacia la Junta de Gobierno que comparten ambas formaciones. Y no solo eso, en el transcurso del debate plenario tanto el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, como el edil de Castelló en Moviment Iñaki Vallejo dejaron patentes posibles acciones legales para que el acuerdo plenario sea anulado.
El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, intentó en todo momento alertar a sus socios de gobierno de no «hacerle el juego» al PP con su defensa a ultranza del Pacte del Grau, pero no lo consiguió. Insistió en de nuevo en defender que no cabe aplicar el Código de Buen Gobierno al no haber imputación formal de un juez o fiscal contra Ali Brancal, pero fue insuficiente. Solo Castelló en Moviment ha comprado su discurso.
Garcia apeló a su lectura particular del Código de Buen Gobierno, pero también a los sentimientos y a la defensa del Acord del Grau. «La decisión que hemos de adoptar es sencilla: o nos reafirmamos en nuestro código ético y apostamos por la decencia y la gobernabilidad o, por contra, entramos en el juego del PP». Según Garcia, aprobar ayer el dictamen para destituir a Brancal por una querella del PP en el juzgado, «cuando no hay imputación formal de un juez o fiscal», es marcar un precedente peligroso porque no solo está en juego la estabilidad de este gobierno, sino de los que vendrán».
En un momento del debate, por si hay dudas sobre la aplicación del código del consistorio, incluso reclamó a los socialistas que votasen en contra del dictamen «con el compromiso de que la Junta de Gobierno reclame un informe al Consell Jurídic Consultiu para que sea este órgano el que interprete el Código de Buen Gobierno», argumento que tampoco aceptaron los socialistas. Pero Ignasi Garcia fue más lejos, al considerar que seguramente esta votación «no tiene ninguna garantía legal». No avanzó los pasos a dar, pero fuentes consultadas han dejado patente la opción de presentar una medida «cautelarísima» ante los juzgados que paralice la destitución de Brancal de forma provisional.
También Iñaki Vallejo, de Castelló en Moviment, abrió la puerta al debate sobre la presunta irregularidad del acuerdo plenario. «Esto es una ilegalidad y va en contra del ordenamiento jurídico», advirtió.
Partido Socialista
Rafa Simó, portavoz del PSPV, inició su discurso reconociendo que era una de «las intervenciones más duras» que ha tenido que asumir durante el actual mandato. Simó, eso sí, fue claro. Dejó patente que si no se ha tomado una postura clara de cara a la opinión pública, por parte de los socialistas, es por considerar que «quedaba en manos de la señora Brancal y su grupo municipal la forma de encarar esta situación».
Para Simó, el objetivo del Código de Buen Gobierno (CBG) es «salvaguardar la imagen del ayuntamiento como institución, por encima de personas y carreras profesionales, y no lo estamos consiguiendo». Al respecto, insistió en que «no estamos ante un debate jurídico, sino político, y creemos que esto es una cuestión de credibilidad política y ejemplaridad. Y junto a todo ello, «coherencia, porque difícilmente se entendería no aplicar en el gobierno lo que reclamábamos desde la oposición».
Asumen los socialistas que la «aplicación de este código puede ser utilizado de forma partidista para crear ingobernabilidad, pero entendemos que la ejemplaridad y credibilidad ante los ciudadanos está por encima de todo». Pero va más lejos al señalar que «seguramente nos hemos pasado de frenada» en la elaboración de diferentes documentos. Y es que, al margen del CBG, aludió a, por ejemplo, el programa electoral de Compromís per Castelló en 2015, donde se recoge que «tendrá que dimitir el cargo de regidor en caso de encontrarse imputado en una causa vinculada a su actividad pública». O, también, al propio Pacte del Grau, donde aparece un texto similar.
Incluso, mencionó un pleno de febrero de 2018, donde se aprobó por unanimidad «el cese temporal, en los órganos de participación y representación, hasta la resolución completa del procedimiento judicial, de aquellos miembros que estén investigados en casos de corrupción». En estos tres documentos, según Simó, «aparece la asunción de responsabilidades con el término imputado o investigado sin hacer referencia a imputado formal ni judicial». Y para concluir, remarcó que «el listón ético se puso en 2015, cuando se aprobó este código, y lo que firmamos en 2015 tiene consecuencias en 20018». Justificó en cualquier caso la abstención para no dar apoyo a la «trampa torticera del PP».
PP y Ciudadanos
Desde el PP, Vicent Sales recalcó que el Código de Buen Gobierno «es blanco y en botella», sacando a la luz las actas de los debates políticos en los que se fraguó el CBG, que a su juicio no deja lugar a la duda de que Brancal debe ser destituida por estar investigada en un juzgado. Sales también apuntó hacia la alcaldesa, a la que acusó de dejadez de funciones. Vicente Vidal, de Ciudadanos, acusó a Ali Brancal de «debilitar esta institución desde que está investigada»y se preguntó «donde esta la responsabilidad y la ejemplaridad que debía asumir».
