Ali Brancal, vicealcaldesa en la capital de la Plana, y Enric Nomdedéu, secretario autonómico de Empleo, han nadado este año por aguas turbulentas. El motivo, una investigación abierta en un juzgado de Castelló por presunta malversación de caudales públicos y falsedad documental -presuntamente enviaron propaganda electoral de Compromís en 2014 con sobres y sellos municipales -a raíz de una querella del Partido Popular que, cierto es, tiene aroma de vendetta.
El problema para ellos es que el juzgado los llamó a declarar el pasado 11 de julio, por lo que tiene la condición de investigados -anteriormente imputados, aunque les pese a ellos ese calificativo-. Todos los partidos, y muchas instituciones, tienen sus propios códigos éticos, pero no tan estrictos y sin duda tan injustos como el del ayuntamiento de la capital de la Plana. Y es precisamente ese código el que ha obligado al Partido Socialista, socio de gobierno, a avalar con su abstención la destitución de la vicealcaldesa. Compromís ha dado vueltas a la terminología jurídica para evitar lo inevitable, pero se ha visto atrapado por su propia telaraña.
Esa telaraña la tejió en 2014, una época en la que el Partido Popular gobernaba con mayoría absoluta en Castelló, una situación que se repetía plácidamente desde 1991. Fue el momento en el que las fuerzas de izquierdas apostaron por la ejemplaridad máxima, pensando sobre todo en 'cazar' a los cargos populares en una época con Gürtel y Púnica en plena efervescencia. En abril de 2015, tras la presión sobre todo de Compromís y EU, el pleno aprobó el código más estricto que tiene hoy en un ayuntamiento valenciano: en el momento en el que se imputase a un miembro de la corporación municipal por «corrupción política», el concejal o concejala en cuestión «será apartado de toda representación» municipal. Y por corrupción política entendemos, entre otros, «prevaricación, revelación de secretos, cohecho tráfico de influencias, malversación, fraude, falsedad documental o estafa».
Compromís se frotaba las manos. Un mes después había elecciones municipales y autonómicas y la sensación era que el PP reeditaría de nuevo la victoria, con opciones en este caso de gobernar con Ciudadanos, que estaba cantado que entraría al ayuntamiento por el efecto Rivera. Con el código en la mano, podrían reclamar ceses ante cualquier posible imputación de los populares. Olía a sangría política.
La sorpresa para la formación valencianista fue que, tras las elecciones de 2015, serían ellos, junto al PSPV, los que se harían con las riendas del ayuntamiento, Nada nuevo en el horizonte hasta el 23 de febrero de 2018, con la celebración de un pleno extraordinario sobre la corrupción solicitado por Castelló en Moviment, donde el Partido Popular iba a ser motivo de escarnio por sus años de corrupción política. Pero el portavoz adjunto del PP, Juan José Pérez Macián, tenía una carta guardada. Sacó a relucir que Compromís, en la campaña electoral de las elecciones europeas de 2014, utilizó recursos del ayuntamiento para enviar por correo postal propaganda electoral. Lo que parecía una bravuconada más de Pérez Macián se concretó en una querella en un juzgado de Castelló, juez que podía haberla dejado en nada y archivarla, pero que decidió abrir un procedimiento y citar en calidad de «investigados» a Brancal y a Nomdedéu, que declararon el pasado 11 de julio.
El PP ha aportado como pruebas sobres que fueron devueltos al ayuntamiento ese año 2014 y que, al parecer, un funcionario presuntamente afín al PP vio sospechosos por su peso, informando de ello a los ediles populares. Nomdedéu, según recuerdan desde el PP, tuvo que firmar por escrito que en esos sobres solo estaba el Boletín de Información Municipal de Compromís, de ahí que a él se le acuse, no solo de malversación, sino de falsedad documental, si se prueba que contiene propaganda electoral.
La historia de los sobres
Tanto Nomdedéu como Brancal siempre han negado los hechos, pero también se han opuesto a que el juez, que tiene en su poder varios sobres, los abra para ver su contenido. De momento, han conseguido que la Audiencia Provincial de Castelló estudie su recurso para declarar nula la prueba, alegando que nadie sabe qué ha podido pasar en estos 4 años en los que el PP los ha ocultado, apuntando a posibles manipulaciones en su contenido.
A Nomdedéu, de momento, el Código de Transparencia de la Generalitat no le obliga a renunciar por su condición de investigado, pero ha estado pendiente desde la distancia. El problema para él era que si la vicealcaldesa hubiese presentado la dimisión, el foco y la presión se dirigirían al secretario autonómico,y el partido lo sabía, por eso exprimió los tiempos y obligó al pleno a pronunciarse el pasado 20 de diciembre.
Los votos a favor de su destitución de PP y Ciudadanos, unidos a la abstención del PSPV, certificaron la, de momento, pausa política de Ali Brancal como vicealcaldesa, que seguirá de concejala pero sin cargos de gobierno. El pacto con los socialistas, insisten desde Compromís, está vivo, pero nadie duda de que también está herido.
