El pleno de la Diputación de Castelló instó ayer, por unanimidad, a que el Gobierno central retome el proyecto para la ejecución de la Autovía A-7, incluido en el Plan Extraordinario de Inversiones de Carreteras (PIC), diseñado por el anterior ejecutivo del PP. En la provincia de Castelló se prevén tres tramos, con la contrucción de 68 kilómetros de autovía, y una inversión de 434 millones de euros. El tráfico estimado es de 28.000 vehículos al día.

El pronunciamiento del pleno se produjo a raíz de una moción presentada por el Grupo Popular. Este vial, entre Vilanova d'Alcolea y la Jana, hasta el límite con la provincia de Tarragona, es clave para el desarrollo económico del interior de la provincia y su conexión con la costa.

El portavoz del PP en este punto y vicepresidente de la diputación, Vicent Sales, criticó que el presupuesto del Gobierno no incluya ninguna partida par reactivar la obra, «vital para vertebrar la provincia de norte a sur y consolidar la economía de esa zona».

El PSPV justificó su abstención por el rechazó de una enmienda institucional a la iniciativa del PP en la que pedía que la moción se convirtiera en institucional, porque así tendría más calado la petición. No obstante, los socialistas defendieron el esfuerzo inversor del Gobierno en materia de infraestructuras en la provinci, el más alto en muchos años.

Por su parte, la portavoz del Grupo de Ciudadanos, Cristina Gabarda, remarcó la necesidad de «recuperar la A-7 desde el aeropuerto hasta la provincia de Tarragona como eje vertebrador que dinamizará la actividad económica de nuestras empresas, potenciará el turismo y ofrecerá una vía gratuita en condiciones a los castellonenses».

Por otra parte, el pleno también dio luz, con la abstención de los grupo de la oposición, a la modificación de créditos para financiar el plan provincial contra los mosquitos por un importe de 1.050.000 euros. La oposición basó su abstención, no por rechazar el plan, sino por la partida de la que proceden los fondos: el plan provincial de carreteras.

Por su parte, el presidente de la diputación, Javier Moliner, señaló que «se ha demostrado claramente que, de no haber una actuación conjunta supramunicipal y con capacidad contundente, el problema de los mosquitos será muy difícil de solucionar. Desde la Generalitat nos han trasladado que ellos no podían sacar ese contrato, les hemos comunicado que lo sacamos nosotros para dar una respuesta conjunta supramunicipal y contundente». «La diputación, gracias a tener una situación económica solvente, puede abordar desde un ámbito supramunicipal la solución de este problema que se ha convertido de un tiempo a esta parte en una preocupación permanente para los ciudadanos, y evidentemente para los alcaldes», añadió el titular de la institución provincial.

El pleno aprobó la modificación de la plantilla y l aRTP, la declaración institucional para el cumplimiento del pacto de Estado contra la Violencia de Género, la regulación y activación del taxi rural con fines médicos, una moción del PSPV para adelantar las ayudas al paro agrícola y otra de Ciudadanos para un servicio ferroviario justo y adaptado.