La Generalitat afronta cuatro contenciosos en Castelló que podrían comportar el pago de 603 millones de euros en indemnizaciones por proyectos urbanísticos anulados por la justicia de la etapa del «boom» urbanístico. El grueso corresponde a dos reclamaciones presentadas por Marina d'Or por la paralización del PAI de Golf de Cabanes, valoradas en 587 millones de euros. Otros 161.195 euros están vinculados a dos recursos del PAI Mestrets de Castelló, el principal programa residencial que instigó el ejecutivo municipal del PP y que los tribunales también tumbaron.
Según documentación de la Conselleria de Obras Públicas, Vivienda y Ordenación del Territorio, las dos reclamaciones patrimoniales de Marina d'Or por el PAI de Cabanes (587 millones corresponden a una propuesta de indemnización y 15,2 millones a una segunda) fueron desestimadas por el departamento autonómico conforme a un informe del Consell Jurídic Consultiu, tal como publicó este diario, y ahora se dirimen en los juzgados. El plan parcial impulsado por Promociones PAI Golf (con la indemnización estimada por el grupo en los 587 millones) está en manos de contencioso del TSJ de la Comunitat Valenciana; mientras el recurso del proyecto de Comercializadora Mediterránea de Viviendas es tramitado en el juzgado de lo contencioso número 2 de Castelló.
El TSJ anuló por primera vez el PAI del Golf en 2013 y el Supremo confirmó la sentencia en 2016 sosteniendo que la declaración de impacto ambiental de esta actuación se tramitó con la ley autonómica de 2004 cuando «se tenía que haber aplicado la ley estatal de evaluación ambiental de 2006».
La empresa pleitea con el Consell al entender que siguió la normativa autonómica que estaba vigente en el momento.
Respecto al PAI Mestrets, hay dos reclamaciones elevadas al contencioso del TSJ. En primer lugar, un grupo de vecinos de la zona contrario al plan y que logró su paralización por la vía judicial reclama al Consell daños y perjuicios por la presión sufrida durante los años que se impulsó el PAI, que preveía el derribo de sus casas. Son cuatro residentes que reivindican el pago de 66.155 euros y cuyo recurso fundamentan en la sentencia del Supremo de 2016 que anuló el PAI en el sector 27 de Castelló.
Por otra parte, otros dos vecinos del sector 24 del PGOU de Castelló solicitan una indemnización de 95.040 euros por la no ejecución de la urbanización prevista. Cabe recordar que el PAI Mestrets fue el símbolo de la política urbanística de los anteriores gestores del PP. Contemplaba la construcción de 6.000 nuevas viviendas en la zona noroeste de la ciudad, una cantidad que representaba la mitad del parque inmobiliario total de la capital de la Plana y que recogía la demolición de las casas de 20 vecinos. Estos últimos se opusieron y lograron frenar el plan en los tribunales. Luego llegó la crisis y los munícipes populares se olvidaron del PAI. El actual equipo de gobierno ha eliminado Mestrets de su nueva planificación urbanística.
La conselleria de María José Salvador denuncia que ha heredado un centenar de reclamaciones de actuaciones urbanísticas de la anterior etapa.
