Antonio Lorenzo dimite como concejal por las presuntas facturas falsas en Subdelegación

Su renuncia ha supuesto un duro golpe para el equipo de gobierno municipal, en manos de PSPV y Compromís, quienes arroparon ayer a Lorenzo en su inesperada comparecencia ante la prensa tras la habitual Junta de Gobierno de todos los viernes. El concejal socialista, visiblemente emocionado y de la mano de la alcaldesa, Amparo Marco, lo dejó claro desde las primeras palabras: «Habiendo tenido conocimiento de que la administración de Justicia ha puesto en marcha una investigación que atañe a mi etapa en la Subdelegación del Gobierno de España en Castellón entre los años 2007 y 2011 he tomado la decisión de renunciar a mi acta de concejal y, consecuentemente, al acta de diputado provincial».

Verano de 2017

Antonio Lorenzo aseguraba «desconocer los detalles» del procedimiento, aunque reconocía que, «tras haber declarado ante la Policía hace unas semanas, puede quedar cuestionada la gestión de determinados trámites administrativos en la Subdelegación en esas fechas». Ni una línea más sobre una investigación declarada «compleja» por parte del juzgado, que salió a la luz el verano de año pasado, aunque fue en agosto de 2017 cuando el entonces subdelegado del Gobierno, el popular David Barelles, puso el caso en conocimiento de la Policía Nacional al detectar un presunto uso irregular de tarjetas de carburante para el coche oficial.

Las primeras pesquisas sirvieron para apuntar a dos funcionarios por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y falsedad documental, además de implicar a una veintena de empresarios en una presunta trama corrupta para falsear facturas y aplicar gastos de origen dudoso a cargo de la Subdelegación, como el citado caso de la gasolina, material de oficina o de informática. Los subdelegados, como máximos responsables políticos de la institución, son habitualmente los encargos de firmar este clase de facturas y, aunque al parecer Antonio Lorenzo delegó gran parte de las firmas en el secretario de la Subdelegación, podría haber algún documento con su rúbrica.

Lorenzo acudió por ello ante la Policía Nacional, que realiza las pesquisas, para informar de todos los hechos y, según señalan fuentes cercanas, sigue sin estar investigado ni encausado por ningún juzgado. Pese a ello, tras analizar los hechos, ha optado por apartarse de la primera línea política hasta que se aclare su situación.

En su comparecencia ayer insistió en que con su dimisión lo que busca es que «esta situación genere el menor daño posible a mi partido, el PSPV, y al proyecto de regeneración pública y modernización política y social que lidera junto al resto de las izquierdas en nuestra ciudad y el conjunto del País Valenciano». Recordó en este sentido que, cuando decidió entrar en la política institucional, lo hizo «con una máxima para mí irrenunciable: que nunca tuviera que bajar la mirada al cruzarme con mis vecinos, que nunca tuviera que explicarle a mis hijas por qué su padre había actuado contra los intereses de la administración pública y de la ciudadanía. Esa determinación me ha acompañado siempre, así en la vida pública como en mi vida privada».

Honestidad

Destacó en ese sentido que hace 33 años que «sellé mi compromiso con la Administración. He recorrido todos los escenarios que un servidor público puede transitar en su carrera profesional. Y siempre, siempre lo he hecho con la convicción de obrar honestamente». Ahora volverá a su trabajo como funcionario -documentalista- de la Generalitat Valenciana y, en lo personal, dispuestos a «defender mi honradez, porque este es mi único patrimonio, mi honestidad personal y mi reputación. Esto y, por supuesto, el cariño inmenso de mi familia y de muchas amigas y amigos».

En este «momento duro personal», quiso dar las gracias «a las empleadas y empleados públicos que me han acompañado en el desempeño de mis tareas, por su lealtad, su compromiso y su profesionalidad. A ellas y a ellos debo lo que haya podido aportar de positivo a la vida pública», concluyó.