Fue tan denso que ningún diputado osó hacer uso del turno de ruegos y preguntas al final del pleno. 40 puntos entre el orden del día y el despacho extraordinario con mociones para todos los gustos y colores. Fue una sesión espesa, desnortada y, por el momento, tensa, en el que la palabra más utilizada fue «extemporánea». Empezó con el salón de plenos lleno y acabó vacio. Pudo haber sido el abrazo cómplice que se dieron Fernando Grande, del PSPV, y Elena Vicente-Ruiz, del PP, al finalizar la sesión pero a dos meses de la marabunta electoral y con la multiplicidad de temas para el debate no hubo lugar para la distensión y el contraste de ideas reposado.
Lo intentó el nuevo portavoz del grupo socialista, Santiago Pérez, que sustituye a Antonio Lorenzo, dimitido por su imputación en el caso de las facturas de la Subdelegación, en su defensa de la moción para que la diputación aportara apoyo financiero a los ayuntamientos en los proyectos de exhumaciones, pero la punzante argumentación de Vicent Sales, vicepresidente de la entidad, echó al traste con el tono utilizado por Pérez. «Esta moción no es nada más que el fracaso cultural del PSOE como partido democrático. Hemos votado que no porque a ustedes los muertos y los cadáveres en las cunetas les dan igual, solo quieren hacer ruido. La prueba es que ningún ayuntamiento socialnacionalista, excepto el de Castelló, ha dedicado ni un solo euro a la exhumación de fosas comunes para ofrecer una sepultura digna», espetó Sales.
Los socialistas pedían que se ayudara a las familias a dar una sepultura digna a los 976 fusilados reconocidos de ambos bandos y que se cumpliera la ley. Una moción que apoyaron todos los partidos menos el PP, aunque cabe matizar la postura de Ciudadanos. Tras votar a favor y asegurar que se debe cumplir la ley, la portavoz, Cristina Gabarda, aseguró que la legislación se debe aplicar para enterrar de forma digna a los muertos pero no para «mover estatuas» o «cambiar calles». No profundizó más la diputada en su argumentario.
Cataluña
El tono elevado fue utilizado también por los portavoces de Ciudadanos en el debate sobre el apoyo a las instancias judiciales por los actos vandálicos de los autodenominados Comités de Defensa de la República ocurridos en Vinaròs. Todos los ponentes condenaron los actos vandálicos y el socialista Evaristo Martí, alcalde de Rossell invitó a Cristina Gabarda a matizar sus palabras en las que habló de «oleada de violencia» en la Comunitat y «mirada impasible del Consell» ante estos hechos. En una moción con el mismo fondo, Fernando Grande y Elena Vicente-Ruiz se enzarzaron en un debate tosco sobre la estrategia del Gobierno con Cataluña, hasta el punto que Moliner tuvo que templar los ánimos.
Venezuela
Los ritmos políticos estatales van a tal velocidad que tratar de acompasar los debates mensuales de la diputación a ellos resulta improcedente. O más bien extemporáneo, como ayer quedó demostrado con mociones sobre los Presupuestos Generales del Estado que fueron retiradas. No ocurrió lo mismo con la de Venezuela, aunque cumplía con los criterios de extemporaneidad. La moción instaba al Gobierno a reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela; hecho que ocurrió el 4 de febrero de 2019.
Sin embargo, la moción se debatió y se tiró de tópico. Vicent Sales modificó la parte de la moción en la que se instaba a reconocer a Guaidó, criticó a Podemos, compró tesis de Pío Moa respecto a 1934 y aseguró que «aún existe una línea pacífica» de salida del conflicto.
Iñaki Vallejo, de Castelló en Moviment, indicó que se trata de «una situación preocupante», mientras que José Miguel Navarro, del PSPV, aseguró que se utiliza la situación en Venezuela para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez.
«Adoctrinamiento»
Otro de los puntos que encendió el debate fue la moción presentada por Ciudadanos en la que acusó al actual gobierno valenciano de «imponer un modelo educativo sectario» y al PP de «allanar el terreno al catalanismo durante 20 años». Cristina Gabarda instó a que el modelo educativa enseñe «la verdadera historia de nuestra tierra y de nuestro país: España».
Por su parte, Elena Vicente-Ruiz indicó que «no es una cuestión de lengua, sino que se puede adoctrinar en chino, en ruso o en valenciano», mientras criticó el «chorreo de dinero» a Escola Valenciana o Acció Cultural del País Valencià. La diputada socialista María José Safont cuestionó la base del argumentario de Ciudadanos y se preguntó cuántos de los 51.000 docentes adoctrinan. El presidente de la diputación, Javier Moliner, pidió «máximo respeto hacia la lengua, que es un rasgo diferencial y un importante bastión cultural de nuestro pueblo; (...) el valenciano ha sido entre nuestros pueblos y ciudades un puente de cultura durante más de siete siglos y nunca ha sido un vehículo de adoctrinamiento».
